"Frigerio vs. la Libertad de Expresión": El Decreto que Centraliza y Censura con la Publicidad Oficial
En un nuevo capítulo de su cruzada contra la diversidad informativa, el gobernador Rogelio Frigerio ha firmado el Decreto N.º 3477-2024, una normativa que más que regular la publicidad oficial parece diseñada para concentrar el control de la información en manos de la Secretaría. de Comunicación y Prensa. Este decreto, que pretende "modernizar" la asignación de la pauta oficial, se esconde en sus pliegues un entramado que asfixia la pluralidad, fomenta la discrecionalidad y deja al desnudo la intención del gobierno provincial de premiar a medios amigos y castigar a los críticos.
Centralización total, transparencia nula
El decreto otorga a la Secretaría de Comunicación y Prensa poderes omnimodos: planificar, contratar, supervisar y, finalmente, decidir qué se publica, dónde y con cuánto dinero. La modalidad de "libre elección por negociación directa" es, en otras palabras, un check en blanco para seleccionar arbitrariamente a los beneficiarios de la pauta oficial. ¿El resultado? Un esquema en el que el gobierno puede invisibilizar a medios incómodos y amplificar a aquellos que le son funcionales.
Aunque el texto se esfuerza en maquillar esta concentración con principios de transparencia, lo cierto es que la discrecionalidad reina. La supuesta "eficiencia" que pretende el decreto no hace más que allanar el camino para prácticas clientelistas, alejando a los medios más pequeños y críticos de cualquier posibilidad de acceso a la pausa.
Un golpe al periodismo independiente
El decreto establece un registro de proveedores que, bajo la apariencia de un control administrativo, se convierte en un filtro que excluye a quienes no cumplen con los requisitos que parecen diseñados para beneficiar a las grandes corporaciones médicas. Medios locales, comunitarios y alternativos quedan relegados, ahogados por un sistema burocrático que los deja fuera del mapa.
Además, prohíbe explícitamente cualquier contenido con "orientación partidaria". ¿Quién decide qué es partidario y qué no? La misma Secretaría que, paradójicamente, será la única autorizada para definir qué mensajes se difunden. Una contradicción que se convierte en una herramienta de censura selectiva.
Discrecionalidad: el enemigo de la libertad
La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH repudia el uso de la publicidad oficial como mecanismo de presión o censura. Sin embargo, el decreto de Frigerio parece un manual de cómo violar ese principio. La "libre elección" sin competencia abierta es un mecanismo peligroso que permite premiar a los medios complacientes y castigar a los críticos. Este diseño es la fórmula perfecta para minar la libertad de prensa bajo el disfraz de la legalidad.
¿Transparencia? Solo para la foto
El decreto promete registros públicos y controles rigurosos, pero ¿quién controla al controlador? La Secretaría no solo se encarga de contratar, sino también de supervisar. No hay organismos independientes que velan por la correcta distribución de la pausa. Todo queda en un círculo cerrado, donde los auditores y los auditados responden al mismo jefe político.
El verdadero objetivo
Frigerio no está innovando, está consolidando un modelo autoritario de comunicación pública. Mientras la ciudadanía exige pluralidad y acceso igualitario a la información, el gobernador opta por una estrategia que centraliza el poder en detrimento de los principios republicanos que tanto pregona en los discursos.
¿Hacia dónde vamos?
Con este decreto, el gobierno provincial sienta un precedente peligroso: la manipulación de la publicidad oficial como herramienta de control. En lugar de garantizar la pluralidad informativa y fomentar un debate democrático, Frigerio elige un camino que concentra el poder, acalla voces críticas y somete a los medios a la línea.
En tiempos donde la libertad de expresión está en constante amenaza, Entre Ríos parece liderar un retroceso que afecta a todos los ciudadanos, no solo a los periodistas. La pregunta es: ¿Quién controla al poder cuando los medios ya no tienen voz?
En La Caldera seguiremos denunciando los atropellos contra el derecho a la información y la libertad de prensa. La ciudadanía merece saber qué se hace con su dinero y quién decide qué pueden leer, escuchar o ver.