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La Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos ha manifestado su rechazo a las reformas impulsadas por el Poder Ejecutivo en la estructura y funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Alegan que se trata de una intromisión en los procesos de selección de jueces, fiscales y defensores, y que las modificaciones propuestas vulneran principios constitucionales.

Sin embargo, detrás de esta reacción se esconde una evidente resistencia a la modernización y democratización de un sistema que ha estado históricamente cooptado por un grupo reducido de magistrados y funcionarios judiciales con fuerte peso corporativo.

1. Un intento de mantener el statu quo

El principal argumento de la Asociación es que la reforma limitaría la autonomía del Poder Judicial al modificar la integración del Consejo y los criterios de selección de los magistrados. Pero lo que realmente está en juego es el control sobre el mecanismo de designación de jueces, un sistema que hasta ahora ha favorecido la autoperpetuación de una élite judicial que responde a intereses políticos y sectoriales.

Cabe recordar que el Consejo de la Magistratura tiene la función esencial de garantizar concursos transparentes, evitando la manipulación de ternas y el direccionamiento de nombramientos. Sin embargo, el modelo actual ha demostrado ser ineficaz, con más de 90 vacantes sin cubrir, procesos de selección paralizados por años y escasos mecanismos de control externo.

La negativa de la Asociación a cualquier reforma que afecte su capacidad de influir en la designación de jueces y fiscales evidencia que su verdadero interés no es la independencia judicial, sino la preservación de un esquema que les otorga un poder desproporcionado en el proceso de selección.

2. Incompatibilidad con la función jurisdiccional

Un aspecto especialmente preocupante es que los magistrados firmantes del documento—Alejandro Cánepa, María Gabriela López Arango, Álvaro Piérola y Fabiola Bogado Ibarra—han tomado una postura activa y pública contra una iniciativa legislativa que podría ser objeto de futuras impugnaciones ante la justicia.

Esto plantea serias dudas sobre su imparcialidad y objetividad. Si el proyecto de ley es aprobado y posteriormente impugnado ante los tribunales, ¿cómo podrán estos jueces y fiscales garantizar un tratamiento imparcial del caso cuando ya han manifestado abiertamente su oposición a la norma?

La intervención de la Asociación en el debate legislativo sobre la reforma del Consejo de la Magistratura no solo es inusual, sino que compromete la credibilidad del Poder Judicial. Quienes hoy se erigen como defensores de la independencia judicial, en realidad, están actuando como un grupo de presión política que busca condicionar la labor de los otros poderes del Estado.

3. La falta de autocrítica sobre el fracaso del sistema actual

Otro punto clave es que la Asociación reconoce la parálisis del sistema de concursos, con 97 vacantes sin cubrir, pero en lugar de proponer soluciones reales, insiste en mantener el mismo esquema que ha llevado al colapso del Consejo de la Magistratura.

Su propuesta de modificar la metodología del examen escrito y de reintroducir puntajes en los órdenes de mérito no resuelve el problema de fondo: la falta de transparencia y agilidad en los concursos. Además, se niegan a aceptar cambios en la composición del Consejo que permitan mayor pluralidad y representatividad de los distintos sectores de la sociedad.

La resistencia a cualquier reforma que afecte su capacidad de influencia demuestra que su verdadero interés no es mejorar el sistema, sino conservar su control sobre el mecanismo de designación de jueces y fiscales.

Conclusión: Un Poder Judicial que se resiste a los cambios

La reacción de la Asociación de Magistrados frente a la reforma del Consejo de la Magistratura confirma que una parte del Poder Judicial en Entre Ríos sigue aferrada a viejas estructuras que le permiten operar con un alto grado de discrecionalidad y sin un control efectivo.

Lejos de ser una defensa de la independencia judicial, esta oposición a la reforma es un intento de evitar que el Poder Ejecutivo y la Legislatura introduzcan cambios que garanticen mayor transparencia, representatividad y eficiencia en la selección de jueces y fiscales.

Si los magistrados que hoy critican la reforma quieren preservar su imparcialidad, deberían abstenerse de intervenir en debates legislativos y concentrarse en cumplir su función jurisdiccional con la objetividad que exige su rol. Su intromisión en el proceso legislativo pone en jaque su credibilidad y genera un serio conflicto de intereses que afecta la institucionalidad democrática de la provincia.

En un desesperado intento por justificar la falta de transparencia del gobierno actual, el secretario Legal y Técnico y exdiputado provincial Esteban Vitor recurre nuevamente a la estrategia de atacar a la administración anterior, desviando la atención de las serias irregularidades que hoy lo tienen en el ojo de la tormenta. Sin respuestas concretas, sin argumentos sólidos, su única salida es levantar la bandera de la corrupción pasada como si eso lo eximiera de sus propias responsabilidades.

Pero lo más indignante es el descaro con el que se pretende erigir en adalid de la transparencia alguien que ha compartido alianzas y negocios con figuras profundamente cuestionadas. Vitor ha sido señalado en reiteradas oportunidades por su participación en Vision Motors, por su presunta vinculación con una reconocida casa de cambio en la ciudad y por haber usufructuado los contratos legislativos, incluyendo la contratación de su propio hijo. La justicia ha allanado sus negocios y su prontuario político lo expone como uno de los tantos personajes que supieron moverse en las sombras del poder.

Juan Domingo Zacarías, su socio político y compañero de bancada, ha sido un dirigente polémico que ha pasado por todos los partidos políticos y que también arrastra un historial de denuncias. Zacarías fue allanado en una causa por enriquecimiento ilícito y está involucrado con una mutual, pero no tiene relación con Vision Motors ni con la casa de cambio. Su trayectoria está marcada por el oportunismo y la capacidad de acomodarse al poder de turno, lo que le permitió mantenerse en escena a pesar de los cuestionamientos.

La falta de transparencia del actual gobierno no puede taparse con discursos ni con ataques al pasado. Los ciudadanos exigen respuestas concretas, acceso a la información pública y un manejo responsable de los recursos del Estado. Los tiempos han cambiado y los viejos artilugios políticos ya no surten el mismo efecto. Vitor y su entorno deben comprender que la gente no se deja engañar tan fácilmente y que la impunidad con la que se manejaron durante años ya no es una garantía de supervivencia en el poder.

Si de transparencia se trata, que expliquen por qué se oculta información, que den la cara por los desmanejos actuales y que asuman la responsabilidad de sus actos. La justicia y la opinión pública no olvidan, y tarde o temprano, la verdad siempre sale a la luz.

NEPOTISMO, DOBLE MORAL Y EL NEGOCIO DE LA POLÍTICA: RONCAGLIA, HALLE Y VITOR, UN CLUB DE PRIVILEGIADOS

Si algo queda claro en la política entrerriana es que el acceso a los cargos públicos no se gana, se hereda. Mientras el ciudadano común lucha por conseguir un trabajo digno, los hijos de los políticos tienen la alfombra roja tendida en el Estado, con sueldos privilegiados y cargos hechos a medida.

El reciente Decreto 11/2025, firmado por el gobernador de Entre Ríos, es una muestra clara de este mecanismo de favores: Gonzalo Roncaglia, de 24 años, fue designado Coordinador de Operaciones Aéreas en la Dirección General de Aviación Civil, un cargo inventado exclusivamente para él, con un sueldo correspondiente al Nivel 41 del Personal Fuera de Escalafón.

El problema no es solo el nepotismo descarado, sino la hipocresía. Su padre, Néstor Roncaglia, exjefe de la Policía Federal durante el gobierno de Macri, fue un ferviente defensor de la Ley Antinepotismo que prohibía la contratación de familiares en el Estado. Pero ahora, cuando le toca acomodar a su hijo, parece que las reglas ya no aplican.

EL CASO SANTIAGO HALLE: CUANDO EL CARGO ES UNA HERENCIA

Otro apellido que se repite en la estructura del Estado es el de Santiago Halle, hijo de Rosario Romero, exministra de Gobierno de Entre Ríos. Halle no llegó por mérito ni por elección popular, sino por el padrinazgo de su madre. Durante la gestión de Adán Bahl en Paraná, fue colocado en la Secretaría de Vinculación y Articulación de la Municipalidad, una estructura donde se lo ha criticado por su falta de coordinación con el resto de los funcionarios, su falta de diálogo y su incapacidad para el cargo.

Lo más grave es que, a pesar de las críticas, sigue siendo sostenido en el puesto por la influencia de su madre, garantizando que la familia Halle continúe enquistada en el poder. El Estado no es un servicio público, es un negocio familiar.

ESTEBAN VITOR: DEL DISCURSO REPUBLICANO AL NEPOTISMO Y LAS INVERSIONES EN DÓLARES

Pero si hay un caso que desnuda el doble discurso de los defensores de la "transparencia", ese es el de Esteban Vitor, exdiputado provincial por Juntos por el Cambio. Vitor, que siempre se mostró como un adalid de la República y la ética pública, fue denunciado por contratar a sus propios hijos en la Cámara de Diputados.

No solo eso: mientras aseguraba que había que achicar el gasto público y que la política debía "dar el ejemplo", se lo vincula a inversiones multimillonarias en dólares. Se habla de su participación en concesionarias de autos de alta gama y una casa de cambio en el centro de Paraná, negocios que nada tienen que ver con su actividad legislativa pero que, curiosamente, han florecido mientras él ocupaba cargos en el Estado.

LA MISMA MAFIA, DISTINTOS APELLIDOS

Lo que queda en evidencia es que el Estado no es un ámbito de gestión, sino un botín de guerra que se reparte entre unos pocos. No importa si el apellido es Roncaglia, Halle o Vitor, el mecanismo es el mismo: acomodar a los hijos, beneficiarse de los recursos públicos y enriquecerse en el camino.

El problema no es el color político, sino la impunidad con la que se maneja esta clase dirigente. La misma que se llena la boca hablando de transparencia y esfuerzo, mientras convierte al Estado en una agencia de empleo para sus propios familiares.

Mientras tanto, los ciudadanos siguen esperando que el mérito valga más que el apellido. Pero en Entre Ríos, parece que la única meritocracia que existe es la del acomodo.

El defensor oficial Nº 5 del Ministerio Público Pupilar de Entre Ríos Fernando Álvaro Callejo fue denunciado por violencia de género por su exmujer. El caso, caratulado «CAF s/Lesiones leves calificadas. s/Violencia de género agravada», fue resuelto mediante el procedimiento de suspensión de juicio a prueba por un año, refrendado por la jueza de Garantías Marina Electra Barbagelata, este viernes 7 de febrero.

La justicia de Entre Ríos sigue demostrando que el poder judicial se protege a sí mismo. Un defensor oficial golpeó y pateó a su pareja frente a su hijo pequeño, pero sigue en funciones sin consecuencias reales. La “Mesa Judicial” vuelve a quedar al descubierto: un esquema de protección para sus integrantes, donde las sanciones no alcanzan a los suyos.

Este caso expone la hipocresía del sistema: mientras persiguen a algunos con implacable rigor, otros gozan de impunidad. ¿Dónde está el castigo? ¿Dónde está la ética judicial?

Si un funcionario judicial puede seguir ejerciendo tras cometer violencia de género, ¿qué mensaje se envía a la sociedad? Mientras se llena la boca con discursos sobre perspectiva de género, la justicia de Entre Ríos demuestra que la vara es distinta cuando el acusado es parte del poder.

La justicia provincial está podrida desde adentro, manejada por una red de magistrados y defensores que encubren a sus propios miembros. La Asociación de Magistrados, que siempre actúa en defensa de sus afiliados, guarda un silencio cómplice.

¿Hasta cuándo la impunidad? ¿Hasta cuándo la Mesa Judicial protegerá a los suyos mientras persigue a quienes denuncian corrupción y arbitrariedades?

La controversia en la Colonia Productiva Guardamonte, en el departamento Tala, sigue escalando y sumando nombres al entramado de intereses políticos y económicos detrás de las tierras expropiadas al exsenador Mario Yedro. La denuncia de Pablo Carrizo ante la fiscal Emilce Reynoso destapó una serie de maniobras que, según vecinos y productores de la zona, estarían vinculadas a un negocio turbio que involucra a figuras clave del poder provincial.

Entre los nombres que los propios vecinos han mencionado como parte de este esquema aparece el del exdiputado Reinaldo Navarro, señalado como propietario de cientos de cabezas de ganado en el departamento Tala, beneficiado de manera irregular con el uso de tierras y recursos de la colonia. Pero Navarro no sería el único vinculado a este entramado.

También se menciona la intervención del "Vasco" Ethemendy, un operador político de Rosario Romero, quien ocupa un cargo estratégico en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), el organismo que regula y supervisa las cooperativas en Argentina. La presencia de Etchemendy en este asunto no es menor: el INAES tiene la facultad de aprobar y controlar los movimientos de las cooperativas, por lo que su participación en la colonia despierta serias sospechas sobre el manejo de los fondos y la distribución de los beneficios.

El tercer nombre que aparece en esta trama es el del fiscal de Estado de la provincia, Julio Rodríguez Signes, quien ya ha estado en el centro de otras maniobras polémicas vinculadas al manejo de bienes públicos. En este caso, su rol parece estar ligado a la legitimación del funcionamiento de la Colonia Guardamonte, a pesar de las denuncias de irregularidades que se vienen acumulando.

Las denuncias de Carrizo fueron minimizadas por el presidente comunal de Guardamonte, Eligio Briozzo, quien lo acusó de inventar historias para obtener tierras. Sin embargo, la insistencia en realizar una auditoría interna, sumada a la mención de estos nombres de peso, deja al descubierto que detrás de la Colonia Guardamonte no hay solo un proyecto productivo, sino un entramado de influencias políticas y económicas que amerita una profunda investigación.

¿Hasta dónde llega la conexión entre Rodríguez Signes, Navarro y Etchemendy en este negocio? ¿Quiénes son los verdaderos beneficiarios de la Colonia Guardamonte? Lo cierto es que el “proyecto productivo” parece esconder una serie de intereses ajenos a los pequeños productores que, en teoría, deberían ser los destinatarios de estas tierras.

José Ángel Allende, un histórico del peronismo entrerriano, amenaza con una fractura partidaria si no se garantizan internas justas. Esto se presenta como un cambio dramático para alguien que ha disfrutado de asignaciones directas durante 25 años, sin necesidad de enfrentarse a la base del partido en elecciones internas. Durante su carrera, Allende no solo acumuló poder sino también un cúmulo de acusaciones, incluyendo manipulaciones en la asignación de contratos truchos y un manejo cuestionable del IOSPER, que han dejado la salud pública de la provincia en una situación crítica.

Fuentes cercanas al partido sugieren que su demanda de democracia interna podría ser una maniobra coordinada con intereses externos al peronismo, específicamente con el gobernador Rogelio Frigerio, quien se beneficiaría de un peronismo dividido en el momento previo a las elecciones. Este llamado a internas parece más una ironía, especialmente recordando que en 1999, Allende fue el candidato predilecto del aparato partidario y aún así fracasó en las urnas.

En paralelo a sus pretensiones políticas, la justicia sigue de cerca los pasos de Allende. Los expedientes que investigan su posible implicación en fraudes al Estado y en la malversación de fondos de IOSPER continúan acumulándose. Con un juicio abreviado ya rechazado por insuficiente, las perspectivas de Allende podrían inclinarse más hacia una celda que hacia un escaño legislativo.

Además, su reciente coqueteo con una alianza junto a Héctor Maya, otro veterano de numerosas derrotas electorales, no hace más que reforzar la imagen de un binomio político destinado más al fracaso que al éxito. Antes de plantear la fractura del peronismo, Allende debería considerar una rendición de cuentas frente a los ciudadanos de Entre Ríos, quienes han sufrido las consecuencias de sus acciones durante décadas. Si las internas no llegan a materializarse, quizás sea la justicia quien decida su próximo papel, lejos de cualquier cargo público.

Los jueces salvaron a García y ahora decidirá la Corte Suprema

En una ajustada votación, los jueces decidieron salvar a Jorge Amílcar Luciano García y derivar su caso al juicio político, una instancia donde la impunidad parece asegurada. La resolución se tomó en conjunto con Marcelo López, exintegrante de la CAFESC, la comisión que manejó los fondos durante el gobierno de Sergio Urribarri, y un hombre históricamente vinculado a la casta de la oposición. Ambos determinaron que García debe ser sometido a juicio político en la Cámara de Diputados, un escenario donde la protección política es casi una certeza.

La Cámara, en la que figuras como Laura Stratta, salpicada por múltiples causas judiciales, y Enrique Cresto, con antecedentes en la justicia de Concordia, juegan un papel central, difícilmente avanzará con una investigación seria contra García. A esto se suma la postura de legisladores como Gabriela Lena, quien ha defendido abiertamente a jueces y funcionarios cuestionados, consolidando un blindaje que imposibilita cualquier intento real de destitución.

Sin embargo, los denunciantes no se quedarán de brazos cruzados. Al menos una de las partes ya dejó trascender que recurrirá la medida y llevará el caso a la Corte Suprema de Justicia. Consideran que lo sucedido es un escándalo jurídico y que esta decisión busca garantizar la impunidad de García.

El desenlace de este proceso ahora queda en manos del máximo tribunal del país, donde se definirá si se permite que la justicia entrerriana siga operando con reglas propias o si, finalmente, se pondrá un freno a las maniobras de protección dirigidas desde el poder político.

En un nuevo escándalo de privilegios para la casta judicial, los jueces de Entre Ríos y sus familiares directos recibirán un 30% de descuento en seguros contratados con el Instituto Autárquico Provincial del Seguro (IAPSER). Este beneficio exclusivo llega en un contexto donde la provincia enfrenta serias dificultades económicas y los trabajadores estatales luchan contra la inflación y la precarización laboral.

Un subsidio encubierto para los ricos

Mientras miles de entrerrianos sufren aumentos en sus pólizas y deben pagar seguros a tarifas normales, los magistrados—quienes ya perciben sueldos de 10 millones de pesos mensuales—tendrán acceso a descuentos exclusivos que el ciudadano común ni siquiera puede imaginar.

Pero el escándalo no termina ahí. Mientras el IAPSER premia a jueces y familiares, la ministra de Gobierno, Rosario Romero, aprobó el pago de 500.000 dólares para asegurar dos helicópteros de la Policía de Entre Ríos, con un 400% de sobreprecio. Es decir, mientras a la Justicia se le conceden seguros baratos, el Estado paga cifras astronómicas por coberturas innecesariamente infladas, afectando aún más las ya golpeadas cuentas públicas.

IAPSER: la caja negra del poder en Entre Ríos

El Instituto del Seguro ha sido utilizado durante décadas como un mecanismo de financiamiento paralelo para los grupos de poder en la provincia. En lugar de garantizar tarifas equitativas y transparentes, prioriza acuerdos de reciprocidad con sectores privilegiados, dejando de lado a los ciudadanos que realmente necesitan respaldo.

Este nuevo convenio con la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos (AMFJER) es solo una muestra más de cómo se premia a quienes deberían garantizar la equidad y la justicia, pero que terminan siendo los primeros en recibir beneficios a costa de una provincia en crisis.

Entre Ríos no necesita más prebendas para jueces y sus familiares. Necesita transparencia, gestión responsable y un freno a los privilegios de la casta judicial.

ALLENDE apuesta todo a un caballo sin chances, ¿lograra aun asi evitar la UNIDAD PENAL I?

Cuando la política necesita un chivo expiatorio, nada mejor que un "caballo de Troya" que no ganó nunca una elección. Así es como José Ángel Allende, el sindicalista con prontuario, ha elegido a Héctor Maya para intentar blanquear su imagen de corrupto. Pero el verdadero objetivo no es Maya, sino su alfil gremial: Flavia Maidana o, en su defecto, su segunda, Carina Domínguez, a quien Allende se reserva para cubrir el cupo femenino.

Lejos de la moderación que Maya pretende vender, Maidana exhibe su estilo violento y autoritario. No sólo prometió colgar con alambre de fardo a los opositores, sino que arrastra un lastre que podría hundir cualquier campaña: su vinculación con los contratos truchos de Stratta, entre ellos la polémica designación en el Senado de su hija, de apenas 20 años, quien está entre las polémicas designaciones de Stratta.

El medio que dirige el POLEMICO VETERINARIO ex marido de GRACIEL BAR, MARIO JUAREZ, da cuenta de las contrataciones.

Dentro de los más cuestionados figuran varios legisladores y familiares de personalidades políticas, con casos que exponen favoritismo y abuso de poder. Por ejemplo, la exsenadora Flavia Maidana del PJ de Nogoyá contrató a su esposo y logró un puesto permanente para su hija (Fuente: Paralelo32). 

Maya, que se autopercibe como "reserva moral" del peronismo, ha decidido quemar su última bala respaldando a una figura desgastada. Su problema es que su padrino político es un confeso corrupto que, sin pudor alguno, admitió haberle robado a los entrerrianos varios millones de dólares. Allende, que acumula denuncias y causas, tiene en su haber una condena por amenazas a periodistas y ha logrado eludir, hasta ahora, la sanción por amedrentar a una exministra: Sonia Velázquez. La protección de José Carlos Halle, viejo operador político y su socio en múltiples maniobras, lo mantiene a flote, pero cada vez le queda menos margen.

El entramado de poder que protege a Allende no se detiene en Maidana y Maya. Desde el mega edificio de la corrupción en Paraná, donde conviven Marizza, Galliard, Zavallo, Kueider y otros nombres de peso, se siguen digitando jugadas. El viejo cacique de UPCN busca reconfigurar su tablero y lavar su imagen utilizando a un Maya decadente y a una Maidana que carga más denuncias que méritos.

Pero, ¿hasta cuándo podrá sostenerse esta farsa? Allende apuesta a que la memoria de los entrerrianos sea frágil, pero la justicia aún sigue su rastro. En un contexto donde las causas por corrupción avanzan, la pregunta no es si Allende y su séquito caerán, sino cuándo. Mientras tanto, Maidana, Domínguez, Maya y los demás peones del tablero siguen jugando su partida, creyendo que podrán esquivar el jaque mate. Pero la historia demuestra que, tarde o temprano, la justicia alcanza hasta al más protegido de los corruptos.

La Caldera.

Un decreto de 2024 autorizó el pago de USD 528 mil por una póliza de seguros para aeronaves policiales, un 47% más caro que en 2019 y 5 veces superior a estimaciones de mercado. La renovación automática con el IAPS viola leyes de transparencia y eficiencia, mientras el Gobierno evade controles.

En un nuevo caso de opacidad y posible malversación de fondos públicos, el Gobierno de Entre Ríos autorizó mediante el Decreto 3708/2024 el pago de USD 528.293,33 por una póliza de seguros para aeronaves policiales, un monto que supera en un 47% lo abonado en 2019 (USD 360.230,89) y que, según estimaciones de expertos, podría costar hasta 5 veces menos en el mercado privado (USD 100.000).

Si bien este CURRO comenzo con ROSARIO ROMERO cuando era ministra de seguridad, se consolida con RONCAGLIA quien acaba de volver a contratar con sobreprecios y aun sin explicar porque desde 2019 ha tenido semejante incremento en dolares, siendo que ya estaba sobrecotizada.

La póliza, destinada a cubrir dos helicópteros Bell (matrículas LQ-BII y LQ-CZZ) y su personal de vuelo, fue renovada automáticamente con el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPS), un ente público, sin licitación ni estudios técnicos que justifiquen el sobrecosto. Este procedimiento viola principios básicos de transparencia, eficiencia y competencia establecidos en la Ley 5140 de Administración Financiera y su reglamentación (Decreto 404/95), que exigen justificar excepciones a procesos competitivos.

Aunque no seria la unica caja, ya que como este medio denuncio son ambos repsonsables del CURRO de las FOTOMULTAS (ver. ROMERO Y EL CURRO DE LAS FOTOMULTAS).

Un negocio redondo para el IAPS

El IAPS, creado por la Ley 5058, tiene el monopolio de los seguros públicos en la provincia. Sin embargo, su estructura de costos nunca fue auditada de manera independiente, lo que genera dudas sobre si los precios que cobra reflejan el mercado o subsidios encubiertos. En este caso, el decreto no incluyó un informe técnico que compare costos con aseguradoras privadas, ni demostró que el IAPS sea la única opción viable, como exige la normativa.

Aumento desproporcionado y sin justificación

El salto de USD 360.230,89 en 2019 a USD 528.293,33 en 2024 representa un aumento del 47% en 5 años, sin que se explique si hubo mejoras en la cobertura o servicios. Peor aún, estimaciones de expertos indican que una póliza similar en el mercado privado costaría alrededor de USD 100.000, lo que sugiere un sobreprecio del 428%.

ROMERO Y BORDET, con sobreprecios pagaron 360 mil dolares en 2019 y lo fueron incrementando sin justificacion.

RONCAGLIA SOSTUVO LA CONTRATACION CON MAS DE 428% DE SOBREPRECIO EN DOLARES.

Violación flagrante de la Ley 5140

La Ley 5140 establece que las contrataciones públicas deben garantizar transparencia, competencia y eficiencia. Sin embargo, el decreto 3708/2024:

1. No justificó la excepción a la licitación, como exige el Art. 27°, inc. c).

2. No comparó precios con el mercado privado, violando el principio de "conveniencia económica" (Art. 26°).

3. No incluyó un dictamen técnico independiente, algo que sí hizo el decreto de 2019.

Falta de controles y posibles delitos

La ausencia de intervención del Tribunal de Cuentas y la Contaduría General en la validación del decreto 2024 abre la puerta a posibles irregularidades administrativas y hasta delitos de malversación de fondos públicos. Además, el uso del tipo de cambio oficial ($995,50) para calcular el costo en pesos subestima el valor real, distorsionando el presupuesto provincial.

La indignación crece

Organizaciones civiles y expertos en transparencia exigen una auditoría inmediata del contrato y la apertura de un proceso competitivo para futuras renovaciones. "Es inaceptable que el Estado gaste 5 veces más de lo necesario mientras la provincia enfrenta crisis económicas y sociales", señaló un especialista en contrataciones públicas.

Llamado a la acción

Este caso no solo evidencia un uso ineficiente de fondos públicos, sino también un sistema opaco que beneficia a entes estatales sin rendir cuentas a la ciudadanía. Es hora de que los órganos de control actúen y que la Justicia investigue posibles responsabilidades penales y administrativas.

¿Hasta cuándo los entes públicos seguirán siendo un negocio redondo para unos pocos, mientras la ciudadanía paga la factura?

La imputación impulsada por el fiscal Gamal Taleb contra Los Grobo Agropecuaria S.A., bajo la figura de retención indebida de trigo, vuelve a poner en el centro de atención su accionar judicial, marcado por cuestionamientos y vínculos políticos. Taleb, cuya trayectoria incluye denuncias por encubrimientos y una cercanía evidente con sectores de poder, se encuentra en medio de una polémica que revela mucho más que un simple conflicto legal.

Un fiscal cuestionado y sin resultados visibles

El historial de Taleb ha estado plagado de señalamientos. En Victoria, su gestión no ha mostrado resultados significativos, y la percepción general es que las causas relevantes terminan siendo opacadas o desviadas. Este fin de semana, mientras la ciudad celebraba sus carnavales, se viralizaron videos y testimonios que contrastaban el clima festivo con la falta de respuestas efectivas del sistema judicial bajo su dirección.

En Gualeguay, por ejemplo, la comunidad recuerda aún el escándalo de los llamados "poliladrones", donde agentes policiales fueron acusados de robos a vecinos. A pesar de las evidencias y denuncias, el fiscal fue señalado por no avanzar en las investigaciones y encubrir a los implicados, lo que generó una enorme desconfianza en la justicia local.

El asesinato de Berrnice Gonzalez, la multiplicación de casos de Narcotrafico, fiscales bajo su órbita con problemas de todo tipo como URIBURU demuestran el daño sufrido por la comunidad.

Un caso civil llevado al ámbito penal

La causa contra Los Grobo, que gira en torno a una supuesta retención indebida de 1.990.514 kilogramos de trigo, ha generado múltiples dudas sobre su encuadre penal. Este tipo de conflictos suelen dirimirse en el ámbito civil, pero Taleb decidió llevar el caso al fuero penal, desdibujando los límites entre ambas jurisdicciones y levantando sospechas sobre los motivos detrás de esta decisión.

Además, la empresa enfrenta deudas financieras importantes, algo que, según analistas, podría haber sido aprovechado estratégicamente para escalar el caso. En este contexto, el accionar del fiscal parece más orientado a generar un impacto político que a buscar una resolución justa.

Que la medida haya sido firmada por JOSE CALLEJAS un juez que logró colocar su mujer de fiscal interina hace 11 años junto con taleb y JAMAS rindió habla de su independencia y necesidad de sostener los $10.000.000 que representa el cargo.

Vínculos políticos y una justicia funcional

El fiscal Taleb, que ya fue denunciado ante el Jurado de Enjuiciamiento y salvado en circunstancias poco claras, cuenta con el respaldo de Rosario Romero, intendente y figura alineada con el kirchnerismo, de hecho trabaja en su estudio y sostienen que ella aconseja abogados en las causas que el lleva. Este aval político refuerza la percepción de que su accionar está lejos de ser imparcial y responde más bien a los intereses de ciertos sectores de poder.

Por otro lado, su cercanía con figuras como Laura Stratta, quien convocó a su madre, militante de derechos humanos, para participar en actos oficiales en Victoria, muestra una red de relaciones políticas que subrayan la funcionalidad del fiscal dentro de un esquema más amplio.

Entre carnavales y conflictos judiciales

Mientras Victoria se engalana con sus carnavales, una de las celebraciones más esperadas del año, los conflictos judiciales y las decisiones controvertidas del fiscal Taleb se mantienen en un segundo plano. Esto deja en evidencia una desconexión entre las prioridades sociales y las acciones judiciales, que parecen más enfocadas en avanzar agendas políticas que en resolver los problemas reales de la comunidad.

El contraste es aún más evidente si se observa cómo eventos como los carnavales en Virginia, donde las estrellas y millonarios se convierten en el centro de atención, parecen dejar al descubierto una justicia que, en lugar de ser protagonista, permanece ausente y subordinada a intereses externos.

Taleb bajo la mira

La figura de Gamal Taleb, lejos de inspirar confianza, se ha convertido en símbolo de un sistema judicial funcional a intereses políticos. Desde su accionar en Victoria, donde los resultados son escasos, hasta su encubrimiento en casos como el de Gualeguay y la judicialización cuestionable de la causa Los Grobo, su trayectoria deja más preguntas que respuestas.

En un contexto donde la comunidad demanda justicia efectiva y transparente, la actuación de Taleb parece estar orientada más a generar impacto político que a resolver conflictos de manera justa. Los vecinos de Entre Ríos, entre carnavales y controversias, siguen esperando una justicia que realmente esté al servicio del pueblo.

En el paisaje político de Entre Ríos, el periodista Bizai vuelve a destacarse como el portavoz oficioso de las operaciones políticas más cuestionables. En esta ocasión, se erige como el lenguaraz del exinterventor del EPRE, José Carlos Halle, impulsando la candidatura de Gustavo Bordet y Rosario Romero en un intento desesperado por manipular la percepción pública de cara a las próximas elecciones.

La estrategia es clara: desmarcar a Romero de todo aquello que la gente ya no está dispuesta a votar. Sin embargo, la realidad es ineludible. Romero no solo representa un pasado marcado por más de 20 años de manejo judicial oscuro, sino que además carga con el peso de un modelo político corroído por la corrupción que ella y su esposo han personificado. Estos antecedentes, lejos de ser casualidad, forman parte de una estructura de poder que ha utilizado el aparato estatal para perpetuarse y beneficiar a un círculo íntimo de aliados.

Lo más preocupante de esta operación no es solo su intención de lavar la imagen de Romero, sino cómo se financian estos intentos. Los recursos públicos, en lugar de destinarse a políticas que beneficien a la ciudadanía, son utilizados para campañas encubiertas, disfrazadas de notas periodísticas, que buscan distorsionar la realidad. En este juego, Bizai no actúa como un periodista comprometido con la verdad, sino como un operador político al servicio de quienes buscan perpetuar su influencia a cualquier costo.

La radio estatal y la pauta publicitaria son herramientas clave en esta estrategia. Periodistas beneficiados con contratos directos o prebendas utilizan estos espacios para ocultar lo que todos sabemos: Rosario Romero es una figura completamente desgastada, que carga con el peso de un poder judicial capturado, utilizado históricamente como herramienta de persecución política y como garantía de impunidad para los sectores más corruptos del poder provincial.

Este intento de posicionar a Bordet y Romero, desvinculándolos de los desastres que ellos mismos ayudaron a construir, es un insulto a la inteligencia de los entrerrianos. La ciudadanía ya no está dispuesta a tolerar más de lo mismo, y los periodistas como Bizai, que eligen ser cómplices de estas maniobras, no solo pierden credibilidad, sino que se convierten en parte activa de un sistema decadente que la provincia necesita dejar atrás.

Es hora de que Entre Ríos despierte. Ni los lenguaraces de Halle ni los personajes contaminados por décadas de corrupción y manejo judicial arbitrario pueden seguir definiendo el futuro de la provincia. La verdadera transformación comienza cuando la verdad se pone por encima de las operaciones políticas pagadas con el dinero de todos.

La administración provincial ha proclamado en los medios am igos como ANALISIS, con énfasis que el Presupuesto 2025 está “equilibrado”. Sin embargo, lo que se presenta como un logro histórico merece un examen más profundo cuando se desmenuzan las cuentas públicas. Varios interrogantes surgen de inmediato: ¿cómo se explica que la provincia recurra a créditos millonarios en dólares para “cerrar” las cifras? ¿Qué pasa con el déficit de la Caja de Jubilaciones que se transfiere directamente a la Tesorería? ¿Y cómo se afrontan los 2.000 millones de pesos mensuales que faltan cada mes en IOSPER?

1. Un “equilibrio” sostenido por la deuda
   La inclusión de un crédito cercano a los 500 millones de dólares en el Presupuesto 2025 es la pieza clave para lograr un balance de ingresos y egresos “en papel”. En la práctica, esto significa que la provincia refinancia parte de sus gastos con préstamos cuyos intereses y amortizaciones pesarán en las cuentas futuras. La pregunta es si este aparente orden en las finanzas no terminará costando más caro en el mediano y largo plazo.
2. Transferencia del déficit previsional
   El déficit de la Caja de Jubilaciones no figura de forma clara como un rojo en el Presupuesto porque se transfiere directamente a la Tesorería. Este “corrimiento” contable es uno de los factores que permite mostrar un equilibrio que no necesariamente refleja la situación real de las finanzas públicas. Semejante mecanismo difumina la responsabilidad de atender, con recursos genuinos, el sistema previsional provincial.
3. IOSPER: 2.000 millones de pesos por mes
   A esto se agrega la crítica situación del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER), que atraviesa un déficit cercano a los 2.000 millones de pesos mensuales. Hasta el momento, no se han presentado soluciones estructurales para cubrir dicho bache, por lo que su sostenimiento depende de parches financieros que prolongan la agonía sin resolver el problema de fondo.
4. ¿Cuál es el equilibrio real?
   Si el Gobierno de Entre Ríos precisa créditos millonarios, oculta parte del déficit previsional en otros rubros del Presupuesto y enfrenta una obra social provincial al borde del colapso, resulta inevitable cuestionar la veracidad del supuesto equilibrio fiscal. La contención del gasto público y la promesa de reducir impuestos pueden ser pasos positivos, pero carecen de sustento si la provincia no genera recursos genuinos que superen los gastos y eviten la bola de nieve de la deuda.

Al final, la gran pregunta que emerge es: ¿Puede llamarse “equilibrio” a un esquema que depende de endeudamientos masivos y proyecciones inciertas de cara al futuro? El verdadero desafío de la actual administración será demostrar, con datos concretos, que esta aparente solvencia no se convierta en un pesado lastre para la provincia en los años venideros.

¿Otra pregunta es si FRIGERIO incluye en este "VIRTUOSO" "SUPERAVIT" los 20.000 millones de pesos cobrados ILEGALMENTE a los ENTRERRIANOS en 2024?

Michel confunde Esquina con La Paz, igual que Frigerio (como asegura Ruben Pagliotto), dejando en evidencia su desconocimiento sobre la provincia que aspira a representar. Su conexión con las realidades locales es superficial, basada únicamente en lo que le cuentan sus alcahuetes, quienes tampoco tienen territorio propio ni arraigo genuino.

Con una visión limitada que no va más allá de Gualeguaychú, Michel está atrapado en el "microchip portero," una burbuja de información sesgada, alejada de las necesidades reales de los peronistas y, aún más, de los entrerrianos en general.

Aunque carece de territorio y de votos genuinos, Michel compensa con abundantes recursos económicos y el control de ciertos medios de comunicación, que utiliza para construir una imagen que no tiene sustento en el respaldo popular. Esta desconexión con la provincia y su gente lo posiciona como un candidato artificial, que depende más de las estrategias mediáticas que de una representación auténtica y comprometida.

Un verdadero representante debe conocer el corazón de la provincia, sentir sus necesidades y estar presente en el territorio. Michel, en cambio, se proyecta como un candidato sin raíces ni legitimidad, sostenido por un aparato que no logra conectar con la esencia de Entre Ríos.

El radicalismo entrerriano vuelve a mostrar su capacidad para acomodarse según las circunstancias. Gustavo Cusinato y Fuad Sosa, dos de las figuras más visibles del partido, han criticado públicamente a Javier Milei, pero sus declaraciones dejan entrever la posibilidad de un acuerdo político. Como Sosa señaló en una entrevista reciente:

> "Si Milei está en el norte, nosotros estamos en el sur. Pero esto es política, y todo se charla".

Esa puerta abierta, camuflada tras un discurso crítico, refleja lo que muchos ya sospechan: para la UCR entrerriana, los principios son secundarios frente a la necesidad de mantener el control político y asegurarse espacios en futuras negociaciones. Gustavo Cusinato, por su parte, sigue el mismo libreto, cuestionando a Milei mientras el radicalismo evalúa cómo adaptarse al nuevo escenario político sin perder relevancia.

Un partido reducido a un círculo de poder

Lo que queda del radicalismo entrerriano está lejos de representar los valores históricos del partido. Hace años que la UCR en Entre Ríos se convirtió en un reducto manejado por un pequeño círculo cercano a Atilio Benedetti, donde los cargos se reparten entre amigos y aliados. El debate interno es casi inexistente, y las decisiones importantes se toman bajo una lógica de conveniencia política, dejando de lado cualquier atisbo de renovación o autocrítica.

La actitud de Cusinato y Sosa no sorprende: el radicalismo ya mostró esta estrategia cuando se entregó al liderazgo de Rogelio Frigerio. Ahora, ante el avance de La Libertad Avanza, parece estar dispuesto a repetir la jugada. Las críticas públicas a Milei son solo una fachada; lo único que realmente les importa es no quedar afuera del reparto de poder.

En definitiva, la UCR entrerriana no es más que una unidad de conveniencia: un partido que se alquila al mejor postor y que, con tal de asegurarse lugares en las listas, está dispuesto a negociar con cualquiera, incluso con aquellos a quienes dice oponerse. El radicalismo que alguna vez fue un bastión de principios ahora solo es un bastión de cargos.

La intendenta Rosario Romero anunció la derogación del decreto 1996, que obligaba a los ciudadanos a pagar infracciones de tránsito nacionales para poder tramitar la Licencia Nacional de Conducir. Sin embargo, esta medida, presentada como un alivio para los vecinos de Paraná, no oculta el trasfondo de un sistema de recaudación que sigue intacto: las cuestionadas fotomultas.

Este mecanismo, implementado bajo el argumento de mejorar la seguridad vial, ha sido señalado por expertos y ciudadanos como una herramienta meramente recaudatoria, plagada de irregularidades y falta de control. Las fotomultas generan millones de pesos en sanciones, muchas veces por infracciones dudosas o por dispositivos mal calibrados, mientras los vecinos enfrentan la imposibilidad de defenderse eficazmente.

La falta de transparencia en la gestión de este sistema es alarmante. Años después de su implementación, no se han presentado informes públicos detallados sobre el destino de los fondos recaudados ni sobre la eficacia del programa para reducir los accidentes de tránsito. Además, en varios casos, las empresas privadas que gestionan las cámaras se llevan un porcentaje significativo de lo recaudado, convirtiendo el sistema en un negocio más que en una política pública.

Si bien la derogación del convenio con la Agencia Nacional de Seguridad Vial podría interpretarse como un gesto hacia los ciudadanos, la continuidad del "curro" de las fotomultas evidencia que las prioridades del municipio están lejos de aliviar la carga económica de los vecinos y de garantizar un sistema de tránsito justo y efectivo. Esto plantea una pregunta inevitable: ¿es realmente la seguridad vial lo que motiva estas políticas, o simplemente se trata de seguir llenando las arcas municipales a costa de los ciudadanos?

La de acceso norte no solo esta mal señalizada sino que además es una trampa recaudatoria denunciada que soo se sostiene por una trama parecida a la de Donofrio en Buenos Aires, un funcionario massista echado por estos curros.

En un contexto de crisis por la falta de agua y el deterioro de los servicios básicos en Paraná, el dirigente peronista Sergio Paz arremetió públicamente contra la intendenta Rosario Romero, calificando su gestión como "desbordada" y denunciando que "le queda muy grande el cargo". Paz, identificado con el DNI 14.094.011, lanzó una crítica feroz en la que no escatimó en palabras para señalar la falta de preparación y respuesta de Romero frente a los problemas que aquejan a los ciudadanos.

Según Paz, la intendenta habría "apretado" a una persona que denunció irregularidades, lo que generó aún más controversia en torno a su figura. “Decile que es una plaga, una rata, una lacra”, expresó el dirigente, dejando claro su descontento con lo que considera una falta total de capacidad para manejar la ciudad. Paz también señaló que durante la interna del peronismo, Romero habría recurrido a prácticas clientelistas, como el reparto de chapas y bolsones, para ganar adhesión.

Críticas a la falta de preparación y gestión

Paz subrayó que ser intendente de Paraná implica algo más que ocupar el cargo y que Romero no estaría a la altura de las exigencias de la ciudad. "Tendría que haber sabido que ser intendente no es para hacer otra cosa que ponerse la ciudad al hombro", declaró, agregando que la mandataria debería haber estado preparada para enfrentar problemas como la provisión de agua, el transporte y el mantenimiento de la infraestructura básica.

En un tono crítico y directo, Paz también cuestionó las vacaciones de Romero en medio de una crisis hídrica que afecta gravemente a los ciudadanos más humildes. "El humilde no se va de vacaciones a la playa; el humilde lo que trata es de por lo menos tener agua para bañarse o para tomar", enfatizó, denunciando que las prioridades de la gestión parecen estar completamente alejadas de las necesidades de la población.

Una gestión que "no escucha"

El dirigente también llamó la atención sobre la falta de acción por parte del equipo de Romero, al que calificó como un grupo de "gurises" sin experiencia. Instó a la intendenta a tomar medidas inmediatas, incluyendo la convocatoria de los otros candidatos que participaron en la elección para que colaboren en solucionar la crisis. "Si tu séquito no te dice cómo está la ciudad, echalos, pero agarralos del lomo y sacalos a la calle", declaró, dejando en claro que, a su juicio, la gestión de Romero carece de liderazgo y capacidad de reacción.

Un llamado a la reflexión

En su mensaje, Sergio Paz concluyó con un pedido contundente: que Romero se haga cargo de los problemas de la ciudad y se preocupe por el prójimo. "Hay que entrar a preocuparse por el prójimo, no podemos decir ‘cuando vengas el lunes arreglamos’. No se puede venir a tomar vacaciones en pleno desastre", sentenció.

El escándalo crece mientras el malestar de los ciudadanos de Paraná se hace cada vez más evidente. La gestión de Rosario Romero enfrenta críticas por su aparente incapacidad para resolver problemas urgentes, como la crisis hídrica, en medio de denuncias por prácticas autoritarias y falta de liderazgo.

La promoción de la 34° Fiesta Nacional del Mate, liderada por Rosario Romero, continúa dejando en evidencia una gestión cuestionable y resultados mediocres. Esta burda copia del PRE COSQUIN que ya tuvo escasa concurrencia en Villaguay (donde FUERTES se debate entre sus seis posturas), el reciente evento en Concepción del Uruguay no fue la excepción: una vez más, la asistencia fue prácticamente nula si no se cuentan los empleados municipales movilizados para llenar el lugar.

Un teatro a medio llenar con funcionarios

Lejos de ser un evento masivo y convocante, la actividad en el teatro de Concepción del Uruguay apenas logró cubrir la mitad de su capacidad, y eso gracias a la presencia de funcionarios y empleados municipales. El público real, la ciudadanía que debería estar interesada en este tipo de eventos culturales, brilló por su ausencia. Esta realidad contrasta con la importante inversión que se realiza desde el municipio de Paraná para promocionar esta fiesta.

¿Promoción o despilfarro?

La estrategia de Rosario Romero para promocionar la Fiesta Nacional del Mate está siendo duramente cuestionada. Con una inversión significativa en logística, publicidad y personal, los resultados no solo son decepcionantes, sino que exponen un modelo de gestión que parece centrado más en el espectáculo que en el verdadero impacto cultural. Entre mate y mate, lo que Romero está entregando no es más que una fiesta deshilachada, carente de sustancia, que se refleja en un público apático.

Un "mate lavado"

La metáfora del "mate lavado" resume perfectamente esta situación. La insistencia en realizar eventos costosos pero vacíos, sin una verdadera convocatoria ni sentido de propósito, no solo desgasta la imagen de la gestión municipal, sino que también cuestiona el uso de recursos públicos. La gran fiesta que Romero pretende construir está quedando, literalmente, en una infusión sin sabor.

¿Qué queda del Premate?

Con eventos que no logran captar la atención ni la participación de las comunidades locales, la Fiesta Nacional del Mate corre el riesgo de convertirse en una celebración más de relleno, sin impacto real ni relevancia. Villaguay y Concepción del Uruguay ya dejaron en claro que el modelo actual no funciona. Ahora la pregunta es: ¿seguirá Rosario Romero dilapidando recursos en un proyecto destinado al fracaso?

Esta situación pone de manifiesto la falta de gestión y visión estratégica para eventos de esta magnitud. Una fiesta no se construye con titulares y fotografías de funcionarios en teatros vacíos. Se necesita un trabajo real que conecte con las comunidades y que garantice que el esfuerzo y el gasto público estén justificados. Por ahora, lo único que se evidencia es una gestión que sigue cebando mates lavados.

La polémica en torno a Edgardo Kueider parece no tener fin. Ahora, sus hijos se convierten en el centro de una nueva controversia que exhibe la falta de transparencia en la gestión pública y el descarado uso del poder político para asegurar privilegios familiares. La designación de uno de sus hijos en la Justicia entrerriana, tras haber ocupado un cargo en el Senado, desata un fuerte repudio social.

Facundo Darío Kueider: del Senado a la Justicia

Facundo Darío Kueider, hijo del exsenador, no solo logró asegurarse un puesto en el Senado de la Nación sino que ahora ha dado un paso más, ingresando al Poder Judicial de Entre Ríos. La noticia de su designación generó indignación, ya que se cuestiona si se respetaron los criterios de mérito y capacidad. Para muchos, este movimiento representa el colmo del nepotismo, dejando en evidencia una “puerta giratoria” de privilegios en la administración pública.

Emilce y Haidar Kueider: otros ejemplos de acomodo

La lista no termina ahí. Emilce Kueider trabaja en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, un organismo estratégico donde los nombramientos suelen ser vistos como premios políticos. Por su parte, Haidar Kueider opera en el ámbito privado, como socio de Edekom SA, una empresa que ha sido señalada por sus vínculos familiares y posibles irregularidades en su constitución y manejo financiero.

Una familia blindada por el poder

La incorporación de Facundo Darío Kueider al Poder Judicial de Entre Ríos ha sido calificada como una “joda total” por sectores críticos, que consideran inadmisible que se utilicen las instituciones públicas como un feudo familiar. Este hecho reaviva el debate sobre el uso de influencias políticas para garantizar beneficios exclusivos, algo que no solo afecta la transparencia del Estado, sino también la confianza ciudadana en las instituciones.

¿Hasta cuándo?

En una provincia marcada por la corrupción y el clientelismo, la familia Kueider se posiciona como un ejemplo paradigmático de las prácticas que tantos ciudadanos cuestionan. Mientras miles de entrerrianos luchan por acceder a empleos dignos, los hijos de Kueider parecen caminar sobre una alfombra roja de privilegios diseñada por el poder político.

La Justicia y la administración pública no pueden seguir siendo un terreno fértil para el acomodo y los beneficios familiares. Este caso debe ser una advertencia de que es urgente un cambio profundo en los mecanismos de ingreso y selección en las instituciones públicas. De lo contrario, continuaremos siendo espectadores de un espectáculo de corrupción que insulta a quienes realmente merecen las oportunidades.

Fuente: Letra P

Una vez más, Rosario Romero intenta instalarse en la conversación pública con declaraciones grandilocuentes y críticas hacia el peronismo, apelando a un discurso que busca aparentar reflexión y autocrítica. Pero detrás de sus palabras no hay más que un vacío rotundo, el mismo que marcó su paso por la gestión pública, cargada de corrupción, sobreprecios y manejos discrecionales que hoy intenta borrar con frases prefabricadas.

El verdadero legado de Romero: corrupción y sobreprecios

Romero, en conjunto con Gustavo Bordet, protagonizó uno de los capítulos más oscuros de la administración entrerriana, marcado por el desvío de más de 400 mil dólares en sobreprecios. Estas operaciones, maquilladas como "gestión eficiente", beneficiaron a un círculo íntimo mientras endeudaban a la provincia y dejaban a los entrerrianos enfrentando una realidad económica cada vez más precaria.

Lejos de asumir responsabilidad por este desastre, Romero ahora intenta reescribirse como una figura crítica del sistema que ella misma contribuyó a construir. Su discurso no conmueve ni inspira, porque el pueblo no olvida que su gestión estuvo enfocada en consolidar un sistema de saqueo institucional y persecución política.

El rol de los medios ensobrados

En esta estrategia de lavado de imagen no podía faltar el apoyo de los portales que viven de la pauta oficial, como el ya conocido “Página Ensobrada”. Este medio, financiado generosamente por el aparato oficialista, se dedica a operar políticamente, garantizando que las voces críticas sean acalladas y que personajes como Romero puedan seguir proyectándose, a pesar de los cuestionamientos.

Lejos de informar, "Página Ensobrada" es una herramienta de propaganda al servicio de quienes manejan los recursos públicos, consolidando un relato funcional al poder mientras ignoran las necesidades de los entrerrianos.

Romero: discursos vacíos, realidades contundentes

Romero puede seguir intentando conmover con sus frases hechas, pero la realidad es que su legado está marcado por la corrupción y el oportunismo político. Hablar de autocrítica cuando su gestión estuvo llena de irregularidades no solo es hipócrita, sino una burla al pueblo de Entre Ríos.

Conclusión: menos discursos, más hechos

El peronismo necesita renovación, pero esa renovación no llegará de la mano de figuras que se beneficiaron del sistema corrupto que dicen criticar. Romero debería dejar de apelar a apotegmas vacíos y asumir su responsabilidad en el colapso político y social que enfrenta la provincia. Entre Ríos no necesita más frases bonitas; necesita dirigentes con compromiso real, transparencia y voluntad de reconstruir lo que ellos mismos destruyeron.