En un contexto de crisis por la falta de agua y el deterioro de los servicios básicos en Paraná, el dirigente peronista Sergio Paz arremetió públicamente contra la intendenta Rosario Romero, calificando su gestión como "desbordada" y denunciando que "le queda muy grande el cargo". Paz, identificado con el DNI 14.094.011, lanzó una crítica feroz en la que no escatimó en palabras para señalar la falta de preparación y respuesta de Romero frente a los problemas que aquejan a los ciudadanos.

Según Paz, la intendenta habría "apretado" a una persona que denunció irregularidades, lo que generó aún más controversia en torno a su figura. “Decile que es una plaga, una rata, una lacra”, expresó el dirigente, dejando claro su descontento con lo que considera una falta total de capacidad para manejar la ciudad. Paz también señaló que durante la interna del peronismo, Romero habría recurrido a prácticas clientelistas, como el reparto de chapas y bolsones, para ganar adhesión.

Críticas a la falta de preparación y gestión

Paz subrayó que ser intendente de Paraná implica algo más que ocupar el cargo y que Romero no estaría a la altura de las exigencias de la ciudad. "Tendría que haber sabido que ser intendente no es para hacer otra cosa que ponerse la ciudad al hombro", declaró, agregando que la mandataria debería haber estado preparada para enfrentar problemas como la provisión de agua, el transporte y el mantenimiento de la infraestructura básica.

En un tono crítico y directo, Paz también cuestionó las vacaciones de Romero en medio de una crisis hídrica que afecta gravemente a los ciudadanos más humildes. "El humilde no se va de vacaciones a la playa; el humilde lo que trata es de por lo menos tener agua para bañarse o para tomar", enfatizó, denunciando que las prioridades de la gestión parecen estar completamente alejadas de las necesidades de la población.

Una gestión que "no escucha"

El dirigente también llamó la atención sobre la falta de acción por parte del equipo de Romero, al que calificó como un grupo de "gurises" sin experiencia. Instó a la intendenta a tomar medidas inmediatas, incluyendo la convocatoria de los otros candidatos que participaron en la elección para que colaboren en solucionar la crisis. "Si tu séquito no te dice cómo está la ciudad, echalos, pero agarralos del lomo y sacalos a la calle", declaró, dejando en claro que, a su juicio, la gestión de Romero carece de liderazgo y capacidad de reacción.

Un llamado a la reflexión

En su mensaje, Sergio Paz concluyó con un pedido contundente: que Romero se haga cargo de los problemas de la ciudad y se preocupe por el prójimo. "Hay que entrar a preocuparse por el prójimo, no podemos decir ‘cuando vengas el lunes arreglamos’. No se puede venir a tomar vacaciones en pleno desastre", sentenció.

El escándalo crece mientras el malestar de los ciudadanos de Paraná se hace cada vez más evidente. La gestión de Rosario Romero enfrenta críticas por su aparente incapacidad para resolver problemas urgentes, como la crisis hídrica, en medio de denuncias por prácticas autoritarias y falta de liderazgo.

La promoción de la 34° Fiesta Nacional del Mate, liderada por Rosario Romero, continúa dejando en evidencia una gestión cuestionable y resultados mediocres. Esta burda copia del PRE COSQUIN que ya tuvo escasa concurrencia en Villaguay (donde FUERTES se debate entre sus seis posturas), el reciente evento en Concepción del Uruguay no fue la excepción: una vez más, la asistencia fue prácticamente nula si no se cuentan los empleados municipales movilizados para llenar el lugar.

Un teatro a medio llenar con funcionarios

Lejos de ser un evento masivo y convocante, la actividad en el teatro de Concepción del Uruguay apenas logró cubrir la mitad de su capacidad, y eso gracias a la presencia de funcionarios y empleados municipales. El público real, la ciudadanía que debería estar interesada en este tipo de eventos culturales, brilló por su ausencia. Esta realidad contrasta con la importante inversión que se realiza desde el municipio de Paraná para promocionar esta fiesta.

¿Promoción o despilfarro?

La estrategia de Rosario Romero para promocionar la Fiesta Nacional del Mate está siendo duramente cuestionada. Con una inversión significativa en logística, publicidad y personal, los resultados no solo son decepcionantes, sino que exponen un modelo de gestión que parece centrado más en el espectáculo que en el verdadero impacto cultural. Entre mate y mate, lo que Romero está entregando no es más que una fiesta deshilachada, carente de sustancia, que se refleja en un público apático.

Un "mate lavado"

La metáfora del "mate lavado" resume perfectamente esta situación. La insistencia en realizar eventos costosos pero vacíos, sin una verdadera convocatoria ni sentido de propósito, no solo desgasta la imagen de la gestión municipal, sino que también cuestiona el uso de recursos públicos. La gran fiesta que Romero pretende construir está quedando, literalmente, en una infusión sin sabor.

¿Qué queda del Premate?

Con eventos que no logran captar la atención ni la participación de las comunidades locales, la Fiesta Nacional del Mate corre el riesgo de convertirse en una celebración más de relleno, sin impacto real ni relevancia. Villaguay y Concepción del Uruguay ya dejaron en claro que el modelo actual no funciona. Ahora la pregunta es: ¿seguirá Rosario Romero dilapidando recursos en un proyecto destinado al fracaso?

Esta situación pone de manifiesto la falta de gestión y visión estratégica para eventos de esta magnitud. Una fiesta no se construye con titulares y fotografías de funcionarios en teatros vacíos. Se necesita un trabajo real que conecte con las comunidades y que garantice que el esfuerzo y el gasto público estén justificados. Por ahora, lo único que se evidencia es una gestión que sigue cebando mates lavados.

La polémica en torno a Edgardo Kueider parece no tener fin. Ahora, sus hijos se convierten en el centro de una nueva controversia que exhibe la falta de transparencia en la gestión pública y el descarado uso del poder político para asegurar privilegios familiares. La designación de uno de sus hijos en la Justicia entrerriana, tras haber ocupado un cargo en el Senado, desata un fuerte repudio social.

Facundo Darío Kueider: del Senado a la Justicia

Facundo Darío Kueider, hijo del exsenador, no solo logró asegurarse un puesto en el Senado de la Nación sino que ahora ha dado un paso más, ingresando al Poder Judicial de Entre Ríos. La noticia de su designación generó indignación, ya que se cuestiona si se respetaron los criterios de mérito y capacidad. Para muchos, este movimiento representa el colmo del nepotismo, dejando en evidencia una “puerta giratoria” de privilegios en la administración pública.

Emilce y Haidar Kueider: otros ejemplos de acomodo

La lista no termina ahí. Emilce Kueider trabaja en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, un organismo estratégico donde los nombramientos suelen ser vistos como premios políticos. Por su parte, Haidar Kueider opera en el ámbito privado, como socio de Edekom SA, una empresa que ha sido señalada por sus vínculos familiares y posibles irregularidades en su constitución y manejo financiero.

Una familia blindada por el poder

La incorporación de Facundo Darío Kueider al Poder Judicial de Entre Ríos ha sido calificada como una “joda total” por sectores críticos, que consideran inadmisible que se utilicen las instituciones públicas como un feudo familiar. Este hecho reaviva el debate sobre el uso de influencias políticas para garantizar beneficios exclusivos, algo que no solo afecta la transparencia del Estado, sino también la confianza ciudadana en las instituciones.

¿Hasta cuándo?

En una provincia marcada por la corrupción y el clientelismo, la familia Kueider se posiciona como un ejemplo paradigmático de las prácticas que tantos ciudadanos cuestionan. Mientras miles de entrerrianos luchan por acceder a empleos dignos, los hijos de Kueider parecen caminar sobre una alfombra roja de privilegios diseñada por el poder político.

La Justicia y la administración pública no pueden seguir siendo un terreno fértil para el acomodo y los beneficios familiares. Este caso debe ser una advertencia de que es urgente un cambio profundo en los mecanismos de ingreso y selección en las instituciones públicas. De lo contrario, continuaremos siendo espectadores de un espectáculo de corrupción que insulta a quienes realmente merecen las oportunidades.

Fuente: Letra P

Una vez más, Rosario Romero intenta instalarse en la conversación pública con declaraciones grandilocuentes y críticas hacia el peronismo, apelando a un discurso que busca aparentar reflexión y autocrítica. Pero detrás de sus palabras no hay más que un vacío rotundo, el mismo que marcó su paso por la gestión pública, cargada de corrupción, sobreprecios y manejos discrecionales que hoy intenta borrar con frases prefabricadas.

El verdadero legado de Romero: corrupción y sobreprecios

Romero, en conjunto con Gustavo Bordet, protagonizó uno de los capítulos más oscuros de la administración entrerriana, marcado por el desvío de más de 400 mil dólares en sobreprecios. Estas operaciones, maquilladas como "gestión eficiente", beneficiaron a un círculo íntimo mientras endeudaban a la provincia y dejaban a los entrerrianos enfrentando una realidad económica cada vez más precaria.

Lejos de asumir responsabilidad por este desastre, Romero ahora intenta reescribirse como una figura crítica del sistema que ella misma contribuyó a construir. Su discurso no conmueve ni inspira, porque el pueblo no olvida que su gestión estuvo enfocada en consolidar un sistema de saqueo institucional y persecución política.

El rol de los medios ensobrados

En esta estrategia de lavado de imagen no podía faltar el apoyo de los portales que viven de la pauta oficial, como el ya conocido “Página Ensobrada”. Este medio, financiado generosamente por el aparato oficialista, se dedica a operar políticamente, garantizando que las voces críticas sean acalladas y que personajes como Romero puedan seguir proyectándose, a pesar de los cuestionamientos.

Lejos de informar, "Página Ensobrada" es una herramienta de propaganda al servicio de quienes manejan los recursos públicos, consolidando un relato funcional al poder mientras ignoran las necesidades de los entrerrianos.

Romero: discursos vacíos, realidades contundentes

Romero puede seguir intentando conmover con sus frases hechas, pero la realidad es que su legado está marcado por la corrupción y el oportunismo político. Hablar de autocrítica cuando su gestión estuvo llena de irregularidades no solo es hipócrita, sino una burla al pueblo de Entre Ríos.

Conclusión: menos discursos, más hechos

El peronismo necesita renovación, pero esa renovación no llegará de la mano de figuras que se beneficiaron del sistema corrupto que dicen criticar. Romero debería dejar de apelar a apotegmas vacíos y asumir su responsabilidad en el colapso político y social que enfrenta la provincia. Entre Ríos no necesita más frases bonitas; necesita dirigentes con compromiso real, transparencia y voluntad de reconstruir lo que ellos mismos destruyeron.

Si pensaban que el universo de la política argentina era un terreno fértil para historias inverosímiles, prepárense para la última revelación: Michel, ex jefe de Aduanas con más denuncias que fanáticos, ha decidido proclamarse el gran redentor internacional. Desde su plataforma de dudosa solidez —la misma que lo tiene salpicado por investigaciones de importaciones fraudulentas—, este prócer del micromundo hiperpolitizado de Entre Ríos se dedica a impartir lecciones de moral y geopolítica a diestra y siniestra.

El “Emperador” de la Aduana

Cuentan quienes lo trataron que, cuando Michel tuvo el control de la Aduana, su principal habilidad no era precisamente el manejo prolijo de los papeles, sino más bien el arte de coquetear con el escándalo. Las denuncias en su contra por maniobras sospechosas de importación no han impedido que se muestre como un adalid de la honestidad. Ya saben: en la Argentina, cualquier libreto es posible si uno lo grita lo bastante fuerte.

Amistades peligrosas (o convenientes)

Rumores señalan vínculos con Sergio Massa. Pero ojo, que nadie se confunda: una cosa es sacarse la fotito de ocasión y otra muy distinta compartir espacio político real. Porque, más allá de las aspiraciones de Michel a codearse con la crema de la dirigencia nacional, lo cierto es que su “territorio” se reduce a un puñado de militantes que viven en una burbuja de fervor partidario en Entre Ríos. Afuera de ese estrecho círculo, ni siquiera el loro lo identifica. Y, para colmo, la estrategia de autopromoción se basa en mandarle mensajes desaforados a figuras internacionales —como Maduro, Donald Trump o hasta los involucrados en la guerra de Rusia y Ucrania— para que alguien note su existencia.

El ultimátum a Maduro

La última gran hazaña de Michel fue exigirle a Nicolás Maduro que se “lave la boca antes de hablar de Perón”. Sí, en serio. Como si el líder venezolano necesitara un amonestador personal que le indique cuándo, cómo y sobre quién puede abrir la boca. Mientras tanto, en Caracas, dicen que Maduro (entre risas, se supone) estaría considerando adquirir un cargamento de enjuague bucal, no vaya a ser que las represalias del “Mesías de la Aduana” sean más demoledoras que las sanciones internacionales.

Objetivos más grandes que la Patagonia

Pero Michel no se queda en la simple pretensión de limpiar lenguas chavistas. No, el hombre apunta alto. Su nueva proclama promete “exigir” el fin inmediato de la guerra entre Rusia y Ucrania. Al parecer, si los líderes mundiales aún no han encontrado un acuerdo, es porque desconocían la sapiencia ilimitada de este prócer entrerriano. Menos mal que, en medio de los conflictos globales, aparece Michel con su varita mágica y su credibilidad a prueba de sumarios para traer la tan ansiada paz.

Y cuidado, Trump

Por si fuera poco, se comenta que el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también estaría en la mira de Michel. “Lo pondría en vereda en las próximas horas”, reza el ultimátum. Una amenaza que, sin duda, quita el sueño al magnate neoyorquino… o tal vez no tanto. Probablemente, Trump esté más preocupado por sus propios procesos judiciales que por las bravatas de un político de Entre Ríos que sigue siendo un enigma incluso dentro de la geografía local.

El show de la megalomanía

En síntesis, Michel se presenta como un personaje que, con poco o nulo respaldo territorial, se cree con la autoridad de reordenar la política planetaria. Sus ansias de protagonismo —amparadas por una retórica ampulosa y uno que otro expediente judicial— lo han convertido en una especie de showman de la política vernácula, cuya audiencia se limita básicamente a los grupos más fanáticos de su espacio.

Mientras tanto, en Entre Ríos, pocos saben quién es, y en el resto del país y el mundo, mucho menos. Pero eso no detiene su cruzada egocéntrica: la próxima vez que enciendan la televisión, no se sorprendan si lo ven exigiendo la resolución de conflictos intergalácticos o autoproclamándose árbitro moral de la Vía Láctea.

En definitiva, Michel puede que no tenga territorio ni credibilidad en exceso, pero nadie le quita el rótulo de “el gran megalómano contemporáneo”, que con un par de tweets y declaraciones efectistas pretende doblegar a mandatarios de medio planeta. Pasen, vean y disfruten del último capítulo del espectáculo político más estrafalario del año. ¡Aplausos para el Mesías sin corona!

El juez Civil y Comercial de Victoria, Márquez Chada, vuelve a estar en el centro de la controversia judicial en Entre Ríos, ya que en los próximos días se presentará una nueva denuncia en su contra. Esta se centrará en irregularidades vinculadas a su desempeño judicial, especialmente por presuntos vínculos personales que podrían comprometer su imparcialidad y objetividad en el ejercicio de su función.

Márquez Chada, designado por el exgobernador Gustavo Bordet, ingresó al Poder Judicial rompiendo una tradición de 20 años en la provincia, que priorizaba la designación del mejor calificado de la terna propuesta por el Consejo de la Magistratura. En este caso, Bordet eligió al tercero en la terna, pese a que el magistrado había quedado en el séptimo lugar en el examen de conocimientos, logrando mejorar su posición tras la entrevista. Este dato, aunque no cuestionado directamente en la denuncia, contextualiza al juez y el proceso que lo llevó a su cargo.

Uno de los puntos más relevantes de la denuncia gira en torno a la relación del juez con un exsocio suyo y de su madre, el abogado Bosch. Según lo señalado, ambos realizaron demandas civiles conjuntas en el mismo juzgado en el que actualmente Márquez Chada ejerce como juez. Este hecho, según criterios establecidos por la Corte Suprema de Justicia, debería ser motivo suficiente para excusarse de intervenir en causas relacionadas, dado que dicha relación personal y profesional compromete la apariencia de imparcialidad que debe caracterizar a todo magistrado. No obstante, Márquez Chada no ha tomado medidas al respecto, lo que los denunciantes consideran una "tomada de pelo" a las partes involucradas y al sistema judicial en general.

La nueva denuncia también pone de manifiesto la necesidad de que el Jurado de Enjuiciamiento actúe con rigurosidad y sin dejarse influir por presiones políticas o corporativas. La falta de excusación del juez en casos vinculados a Bosch, sumada a las decisiones controvertidas que ha tomado en diversas causas, plantea serias dudas sobre el respeto a los principios básicos de imparcialidad judicial.

El caso de Márquez Chada se convierte en un ejemplo de las profundas falencias que enfrentan los mecanismos de control y rendición de cuentas en el sistema judicial de Entre Ríos. Aunque su designación no es parte directa de la denuncia, su trayectoria y los antecedentes que rodean su nombramiento refuerzan la percepción de una falta de rigurosidad y transparencia en el Poder Judicial de la provincia.

La ciudadanía y los actores judiciales atentos a este caso esperan que el Jurado de Enjuiciamiento investigue de manera seria y objetiva las acusaciones, y que este proceso sirva como un paso hacia la recuperación de la confianza pública en las instituciones judiciales. Este caso no solo busca determinar la responsabilidad de Márquez Chada, sino también establecer un precedente que garantice que las relaciones personales o profesionales no interfieran en el ejercicio de la justicia.

Si existiera un manual de cómo NO manejar la cosa pública, seguramente la exministra de Gobierno y Justicia de Entre Ríos, Rosario Romero, tendría reservado un capítulo destacado. Su nombre resuena en cada pasillo donde se hable de contratos sospechosos, designaciones judiciales envueltas en humo y, claro, esa ¿pequeña? “incongruencia” de la Policía a su cargo que pasó por alto un cuerpo humano dos veces (sí, leyó bien, dos veces) en el escandaloso caso Fátima. Pero no hay que alarmarse: en un fin de semana tan apacible como aquel, lo primordial era celebrar la Fiesta del Mate, ¿verdad?

Cuando el cuerpo “desaparece” y vuelve a aparecer

Cuentan las malas lenguas que un viernes se reportó un cuerpo. Al día siguiente, las autoridades —con la sutileza de un elefante en un bazar— negaron cualquier hallazgo. “Acá no hay nada; todos circulen, por favor…”. Acto seguido, se festejó con bombos y platillos la Fiesta del Mate el domingo. Qué fortuita casualidad que, justo el lunes, el mismo cuerpo fue encontrado en el mismísimo lugar del primer aviso. Dicen que la memoria te puede jugar malas pasadas, pero… ¿tanto como para olvidar la existencia de un cadáver?

Con semejante desorden, uno se pregunta si Rosario Romero, entonces ministra responsable de la Policía, estaba demasiado ocupada preparando algún brebaje de yerba mate para mostrar en el evento, porque atender las denuncias y coordinar a la fuerza de seguridad, aparentemente, quedó bastante rezagado en la lista de prioridades.

El seguro “gold” (o cómo gastar 400 mil dólares de más)

Pero los enredos de Romero no acaban en Fátima; sería injusto quedarnos en un solo episodio. También está el tema de la contratación de un seguro en dólares para los aviones de la provincia (que no son muchos, pero sí costosos) con un presunto sobreprecio de 400 mil dólares. Todo un “ofertón”, ¿no?

Claro, la lógica indica que cuando las cuentas no cierran, alguien debería exigir explicaciones. Pero eso de la transparencia administrativa, al parecer, quedó en el arcón de los recuerdos. ¿Acaso un despiste contable o un “error de tipeo” puede aumentar los costos en miles de billetes verdes? Según la información disponible, ni el excel más mañoso puede justificar semejante diferencia. Pero, quién sabe, en la provincia quizás tengan fórmulas secretas para explicar sobregiros.

La varita mágica para el secretario Maxmino Ledesma

Otro capítulo brillante de la “gestión Romero” es el ascenso, casi celestial, de su exsecretario Maxmino Ledesma a las alturas del Poder Judicial. Aquí, el guion de la película podría titularse De la oficina de la ministra a la investidura de magistrado… en un chasquido de dedos. Porque, vamos, ¿para qué perder el tiempo concursando, rindiendo y compitiendo con otros aspirantes? Si alguien tan cercano a la ministra tiene las “mejores” credenciales, pues… se le nombra, y listo.

La gente con mala intención podría llamarlo “amiguismo” o “tráfico de influencias”. Pero seamos optimistas: tal vez solo fue pura casualidad o meritoria coincidencia. El problema es que, cuando suceden coincidencias tan oportunas, la reputación de transparencia suele irse de vacaciones.

Ledesma paso de RELATOR, a ocupar hoy el ROL de FISCAL CIVIL en LA PAZ, lugar donde tiene un viejo conocido el EXIMIO PERCUSIONISTAS DE BOMBOS SINDICALES Walter Carballo, que quiere jubilarse de JUEZ antes que lo investiguen por PROBATIONS ILEGALES.

El “entramado judicial” que huele a podrido

No podemos despedirnos sin mencionar el nombre que retumba en los mentideros: José Carlos Halle. Muchos aseguran que, con su supuesta red de influencias, es el gran prestidigitador que hace desaparecer denuncias y esfumar expedientes. Vamos, casi un Houdini jurídico que todo lo deja en la penumbra.

Halle que después de su mandato como intendente “se lo cuido” y por “Razones de Salud” nunca explico las contrataciones de HORAS RTETROEXCAVADORAS por ejemplo, en aquel momento el hoy PRESIDENTE DE LA ASOCIASION DE MAGISTRADOS (Yerno del poderosísimo DANIEL CARUBIA) era funcionario legal, y suele vinculárselo en el IMAGINARIO POPULAR como beneficiario de esas MOVIDAS.

A todo esto, se habla de “contratos truchos” y de familiares de jueces y periodistas que habrían surgido beneficiados en tramas que, a ojos de los simples mortales, recuerdan novelas de intriga política. Pero no teman: seguramente algún día veremos la luz en este laberinto tan lleno de secretos… ¿o quizá no?

Mientras tanto, el silencio

Resulta curioso que, pese a la retahíla de señalamientos —cuerpo que aparece y desaparece, sobreprecios astronómicos, designaciones dudosas—, no existan avances judiciales rotundos ni condenas firmes. Debe ser que las instituciones gozan de una salud envidiable y todos duermen tranquilos bajo el principio de inocencia. Y, por supuesto, uno siempre puede esgrimir que “los tiempos de la Justicia son lentos”. Tan lentos que podrían ser parte de un documental sobre caracoles.

Cuando la realidad supera la ficción

El saldo de esta comedia (o tragedia) política es un coctel de ironías: un cuerpo que aparece en días distintos en el mismo lugar, un seguro “premium” para aviones estatales que confunde a los contadores más avezados y un Poder Judicial que, en lugar de “independiente”, parece más bien “conectadísimo” con ciertos padrinos de la política local.

Pero, ojo, no dudemos de la honorabilidad de nadie… faltaría más. Mientras tanto, entre mates y silencios administrativos, la ciudadanía sigue esperando explicaciones que seguramente llegarán… ¿en otra gestión? ¿En la próxima edición de la Fiesta del Mate? Quién sabe. A fin de cuentas, en Entre Ríos, la magia parece estar a la orden del día. Y si no, que lo digan quienes logran ascender de la Secretaría particular a la magistratura en un abrir y cerrar de ojos. ¡Salud por eso!

El juez Portela, protagonista del fallo que permitió la liberación de Sergio Urribarri, enfrenta una avalancha de críticas no solo por su decisión judicial, sino también por la habilitación de la feria judicial, una medida que deja a miles de presos en prisión preventiva esperando resoluciones durante años. Mientras Portela insiste en explicar su postura, su discurso parece desconectado de las verdaderas preocupaciones de los entrerrianos.

La justicia paralela y la opinología de familia

En sus declaraciones recientes, Portela reveló que sus propios hijos “no están de acuerdo” con el fallo. Sin embargo, este comentario parece irrelevante para una sociedad agotada de ver cómo el sistema judicial prioriza casos políticamente sensibles mientras ignora a miles de personas que sufren el atraso procesal. A nadie le importa realmente lo que opinen los hijos del juez, porque lo que está en juego es la confianza en una justicia que parece operar al servicio de los poderosos.

Habilitar la feria: ¿Justicia o privilegio?

El fallo de Portela no solo benefició a Urribarri, sino que también habilitó un esquema donde la celeridad procesal parece reservada para quienes tienen recursos y contactos. Mientras tanto, miles de entrerrianos permanecen en prisión preventiva, atrapados en una feria judicial que, para ellos, significa más espera y más sufrimiento. Este contraste desnuda un sistema que no trata a todos por igual.

Entre el tribuno y el tribunero

Portela parece haber asumido un papel más cercano al de un "tribunero" que al de un "tribuno". Mientras intenta justificar su accionar, su discurso evade preguntas fundamentales: ¿Por qué su decisión benefició a una figura política tan cuestionada? ¿Por qué miles de personas en situación de vulnerabilidad no reciben el mismo trato?

Sus explicaciones públicas reflejan una necesidad de legitimación que lo aleja de la imagen de imparcialidad que debería proyectar. En lugar de abordar el fondo de las críticas, su postura se limita a defenderse, dejando en claro que la prioridad no parece ser la justicia, sino su propia posición ante la opinión pública.

Un sistema en crisis

El caso Urribarri es solo un símbolo de un problema más profundo. Entre Ríos enfrenta una crisis judicial donde las decisiones parecen responder más a intereses particulares que al derecho. Portela, lejos de calmar las aguas, ha intensificado las dudas sobre la independencia del sistema.

Conclusión

La sociedad entrerriana no necesita explicaciones superfluas ni comentarios familiares. Lo que se requiere es una justicia que actúe con celeridad e imparcialidad para todos, no solo para quienes tienen nombre y poder. Portela, al habilitar una feria que perpetúa las desigualdades, se posiciona como un símbolo de lo que el sistema judicial no debería ser: un espacio al servicio de privilegios y no de derechos.

La pregunta central sigue en el aire: ¿Portela actuará como un verdadero tribuno de la justicia o continuará optando por el rol de un tribunero buscando aplausos fugaces?

Por La Caldera

La historia se repite y a esta altura ya cansa. Gabriela Lena, autoproclamada ‘opositora’ de manual, vuelve a levantar la bandera de la transparencia y a rasgarse las vestiduras contra Sergio Urribarri, esta vez por la habilitación de la feria judicial. En todas las entrevistas que da, jura que está indignadísima con el beneficio que le han dado al exgobernador. Pero, ¿qué tan creíble es su repentino arranque de moralidad?

Recordemos que no hace mucho la misma Lena clavó un voto —y unas maniobras parlamentarias— que terminaron “salvando” a la inefable Gisela Schumacher, pareja de Ángel Giano, cuando las sospechas llovían por todos lados. Pobre señora, tan involucrada en el entramado urribarrista que se sintió obligada a “desaparecer” en momentos clave… y, casualmente, también a la hora de ver a Paul McCartney. Sí, esa misma noche en la que Lena también estuvo presente en el recital del ex-Beatle. ¿Casualidad, destino o chapuza política?

La feria y el doble discurso

Hoy, Lena grita a los cuatro vientos que la justicia está de vacaciones forzadas para servirle la libertad a Urribarri en bandeja de plata. El guion es perfecto: saca lustre a su rol de “paladina anticorrupción”, hace declaraciones altisonantes y vende en la tribuna. Pero el show de su “indignación” contrasta con el papel que jugó cuando tuvo la oportunidad de plantarse en serio. En aquel entonces, habría podido dejar a Schumacher al borde del juicio político —o, por lo menos, del cuestionamiento público— por andar desaparecida y, de paso, tejiendo movidas para proteger al gran jefe. ¿Qué hizo Lena? Un trámite exprés en la comisión que preside y, chau, caso cerrado.

A la hora del recital…

Y hablando de “recital”, el de McCartney, a fines de 2024, fue la frutilla del postre. La diputada Lena y la mismísima Schumacher terminaron en el mismo estadio para ver al ex-Beatle, mientras en la Legislatura quedaban pendientes las explicaciones de por qué la señora no se presentó a rendir cuentas. Es cierto: no se sacaron selfies juntas (o al menos no andan circulando por ahí), pero la coincidencia no deja de ser un guiño de complicidad política. Porque al fin de cuentas, si te borrás cuando te llaman a explicar tus manejos y tu ausentismo, y al mismo tiempo la que tendría que ponerte en aprietos anda saltando al compás de “Hey Jude” un par de gradas más allá, ¿qué tanto te van a castigar después?

La incoherencia como método

Así funciona la “oposición” según Gabriela Lena: mientras le conviene, se junta con quienes dice combatir, guarda silencios cómplices y ayuda a apagar cualquier foco de incendio. Cuando las papas queman y hay que demostrar un costado justiciero, vuelve la pose de indignada y apunta contra el villano de turno. Lo mismo pasa con Urribarri: ahora lo crítica sin piedad porque está de moda pegarle —y porque la feria judicial le dio letra—, pero ayer mismo se movía en la sombra para que su tropa no saliera lastimada. Incluso lo voto junto a VITOR (ver. EL LADRON DE GUANTES BLANCOS) 

Reflexión final (o fin del espectáculo)

Esta es la enésima función de la obra “La Opositora de Cartón”. Gabriela Lena interpreta a la justiciera que rescata a la provincia de Entre Ríos de la corrupción. El público aplaude, algunos se indignan, otros se ríen. Pero la verdad queda clarísima: cuando hace falta, Lena salva a los suyos (o a los suyos y a los de Urribarri… total, en el fondo, el libreto lo comparten). Cuando conviene actuar de dura, se viste de rigidez moral y arrasa con declaraciones. Y en el medio, la audiencia se va preguntando: “¿Se piensan que somos boludos?”

La diputada puede seguir marcando diferencia de boquilla, pero mientras continúe protegiendo al oficialismo cuando están en juego sus propios intereses, sus críticas contra la feria judicial o contra Urribarri son puro teatro para la tribuna. Y de teatro, ella sabe: lo demostró en la gala de Paul McCartney, mientras dejaba pasar la chance de meter en aprietos a la ausente, casualmente también espectadora VIP del mismo show. Linda manera de cuidar la transparencia. Clap, clap, Lena. Clap, clap.

Responsabilidad de la Justicia, vínculos con Fiscalía y una inminente denuncia

La noticia de que Sergio Urribarri y Juan Pablo Aguilera, su cuñado, quedaron en libertad sacudió de nuevo los cimientos de la política y el fuero judicial entrerriano. Mientras gran parte de la sociedad se pregunta cómo es posible que personajes investigados por hechos de corrupción terminen regresando plácidamente a sus casas, las miradas se centran en la actuación de ciertos jueces y fiscales que, a estas alturas, parecen moverse dentro de una rosca impenetrable.

En este contexto, cada vez suena con más fuerza la posible presentación de una denuncia formal ante el JURY contra las juezas Davite y Badano. Numerosos rumores indican que su intervención en las causas que involucran al exgobernador y a su círculo cercano no estuvo exenta de sesgos, presiones o complacencias que, de confirmarse, dejarían a la Justicia provincial en el ojo de la tormenta.

El papel de las juezas de García

No se puede ignorar el rol que habrían jugado las juezas de la localidad de García, señaladas por sus presuntos lazos con la Fiscalía. Para muchos, este “acercamiento” entre fiscales y magistrados es un síntoma de la endeble independencia judicial que campea en Entre Ríos. Tanto las decisiones como las omisiones de estas juezas –coincidentes con las pretensiones de ciertos sectores políticos– han encendido las alarmas sobre posibles pactos o favores.

Vínculos con la Fiscalía: ¿simple coincidencia o algo más?

Las sospechas de connivencia con la Fiscalía no se limitan a los despachos de Davite y Badano. Sería ingenuo pensar que la supuesta manipulación de expedientes o la mirada sesgada de algunos fiscales es un fenómeno aislado. Lo cierto es que hoy se apunta a un entramado donde las queridas “relaciones personales” suelen pesar más que la ley.

El rol de DATO

En medio de este maremágnum judicial emerge la figura de DATO, un personaje que –según versiones internas– habría tejido influencias considerables en la trastienda de las decisiones más polémicas. Se le adjudica ser el “hombre de Goyeneche” con un pasado cercano a Montiel y funcionarios hoy FRIGERISTAS, se envalentona con ser FISCAL ANTICORRUPCION.

Hacia una denuncia ante el JURY

Fuentes cercanas al foro judicial sostienen que se presentará, en los próximos días, una denuncia ante el JURY para que se investigue a fondo la responsabilidad y la conducta de Davite y Badano. Se menciona la existencia de evidencias documentales y testimonios que pondrían en aprietos a ambas magistradas y, de ser admitida la denuncia, podría detonarse un escándalo institucional de proporciones.

¿Se pondrá fin a la impunidad?

La pregunta del millón es si este posible JURY representará, por fin, un freno a la cadena de decisiones controvertidas en la Justicia local. O si, por el contrario, terminaremos viendo cómo todo se diluye en la maraña de recursos e influencias políticas que siempre logran proteger a los peces gordos.

Lo cierto es que, hoy por hoy, Urribarri está libre y. ¿Fueron Davite y Badano las responsables directas del quiebre de un principio constitucional inalienable? ¿Actuaron solas o responden a una estrategia mayor orquestada desde lo más alto del poder político y judicial? Las próximas semanas serán clave para despejar estas dudas… o para sumar nuevas sospechas. Y como suele suceder en Entre Ríos, la verdad, tristemente, jamás parece llegar a tiempo.

Por Redacción – 8 de enero de 2025

La provincia de Entre Ríos arranca el 2025 con un combo explosivo: mientras el gobernador Rogelio Frigerio confirma la realización de las elecciones PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) con su flamante reforma electoral ayudada por ROMERO, FUERTES y LAURITTO, las boletas de impuestos llegan con subas de hasta 140%. De paso, el gasto público sigue sin recortes visibles y la “joda” en los contratos de obra pública y en múltiples organismos estatales parece no tener fin.

PASO confirmadas: ¿costo democrático o gasto innecesario?

Pese a que los sectores libertarios piden su eliminación para “ahorrar recursos”, Frigerio ratificó la continuidad de las PASO en Entre Ríos. Según datos extraoficiales, organizarlas demandará cerca de 1.200 millones de pesos a las arcas provinciales, entre logística, pago de viáticos, alquiler de establecimientos y sistemas informáticos. Desde la Casa Gris sostienen que es el precio de garantizar la “participación ciudadana”, pero los críticos señalan que, con la provincia en recesión y un déficit fiscal creciente, ese presupuesto podría destinarse a necesidades urgentes como salud, educación y obras de infraestructura básica.

Un impuestazo que llega al 140%

El golpe al bolsillo se oficializó con la Resolución 001/2025 de la ATER (Administradora Tributaria de Entre Ríos). Los incrementos impactan especialmente en dos tributos:

1. Impuesto Inmobiliario: La alícuota trepa hasta un 140% en comparación con el 2024, y el plan de pago pasa de 5 a 6 cuotas.
2. Impuesto Automotor: Sube de 4 a 5 cuotas, con un alza que también puede rondar el 100-140% en algunos casos.

Estas cifras sorprendieron a contribuyentes y analistas, sobre todo porque el año pasado el propio gobierno había prometido que los ajustes impositivos serían “moderados”. Encima, la inflación acumulada en la provincia superó el 85% en 2024 (según datos del INDEC), lo que hace que esta suba de tributos sea aún más difícil de asimilar para familias y Pymes.

La tijera que nunca apareció

El principal reclamo de diversos sectores —incluyendo empresarios, sindicatos e incluso fracciones del oficialismo— apunta a la ausencia de un verdadero recorte del gasto público. Durante la campaña de 2023, Frigerio se comprometió a desmantelar la “joda” en los contratos de obra pública y a racionalizar la gestión en organismos como ENERSA, IOSPER e IAFAS, donde los presupuestos se incrementan año a año sin un correlato claro en la eficiencia de los servicios.

• Obra pública con escasa transparencia: Los nombres de Scech, Marizza, Hereñu y otras firmas vinculadas a la “Cámara de la Construcción” (a la que Javier Milei, a nivel nacional, tilda de “Cámara de la Corrupción”) figuran en licitaciones con montos millonarios y plazos que se extienden sin mayores explicaciones.
• ENERSA (Energía de Entre Ríos S.A.): Desde 2022, su plantilla creció cerca de un 18%, según datos extraoficiales, mientras las tarifas eléctricas también subieron por encima de la inflación.
• IOSPER (Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos): Todavia la intervencion ¿en manops de ALLENDE? no ha mostrado mas que denuncias aisladas y sin firmeza.
• IAFAS (Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social): Responsable de la explotación de casinos, loterías y juegos de azar, con beneficios que no siempre se reflejan en la mejora de los servicios sociales.

“Austeridad” para algunos, licencias y privilegios para otros

En el sector docente y en la administración pública de base, persiste la queja por el endurecimiento de los controles de licencias médicas y la presión de las Juntas Médicas. Sin embargo, en la planta política y en sectores jerárquicos, los nombramientos y las “adcripciones” siguen en aumento, en muchos casos con sueldos superiores a los 2 millones de pesos mensuales.

De hecho, un relevamiento reciente de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) sugiere que Entre Ríos mantiene una planta política de cerca de 1.000 funcionarios y asesores directos, cifra que no muestra signos de reducción desde que Frigerio asumió en 2023.

Ademas se multiplica el pago de gastos de "desarraigo" a funcionarios porteños, asi como el pago de sobresueldos, y biaticos excesivos.

Ironía y realidad

Los libertarios exigen menos impuestos y menos gastos, mientras que la administración Frigerio hace justamente lo contrario. La ironía es que quienes más sufrirán el aumento del Inmobiliario y del Automotor son los sectores medios y pequeños comerciantes, que se encuentran en la línea de fuego de una recesión que no da tregua desde 2024.

Por otro lado, en campaña se anunciaron planes de “modernización” y “transparencia” que, al día de hoy, lucen más como slogan que como realidad. Entre Ríos, que históricamente tuvo una matriz productiva sólida en agroindustria y turismo, hoy ve cómo el sector privado se ajusta mientras el Estado permanece prácticamente inmune al llamado de la austeridad.

Conclusión: ¿hacia dónde va Entre Ríos?

El panorama actual deja más preguntas que respuestas:

• ¿Se justifica el costoso operativo de las PASO en una economía provincial tan resentida?
• ¿Cuánto más puede soportar la sociedad entrerriana un incremento constante de la presión impositiva?
• ¿A dónde fueron a parar las promesas de campaña sobre recorte de gastos, transparencia y lucha contra la corrupción en la obra pública?

En definitiva, Entre Ríos se enfrenta a un impuestazo que perjudica el consumo, la inversión y el empleo. Con un gobierno que parece haber perdido el timón de la austeridad y que se escuda en la necesidad de recaudar para justificar un gasto público en expansión, la pregunta que se hacen muchos entrerrianos es hasta cuándo estarán dispuestos a financiar esta “fiesta” de la que casi nadie, salvo los privilegiados de siempre, parece disfrutar.

Rosario Romero, intendenta de Paraná, parece haberse graduado con honores en el arte de las promesas sin sustento. En su último despliegue de retórica política, asegura que, una vez pasado el calor de enero, gestionará obras públicas ante la Jefatura de Gabinete del gobierno libertario. Una afirmación que resulta, como mínimo, inverosímil, considerando que el presidente ya dejó claro que no habrá más obra pública.

Mientras la realidad económica marca un ajuste feroz, Romero construye un relato que no se sostiene. Prometer gestiones para lograr obras ante un gobierno que ha puesto fin al gasto público no es solo una jugada política sin fundamentos, sino un claro intento de distraer a los ciudadanos de la falta de soluciones reales. ¿De verdad cree que sus gestiones lograrán torcer la rígida lógica de austeridad libertaria? ¿O simplemente busca ganar tiempo con promesas que sabe que no puede cumplir?

Lo más indignante de este espectáculo es que, mientras en Paraná se excusan las falencias con el "corte de fondos nacionales", otros municipios de Entre Ríos, con mucho menos presupuesto y recaudación que la capital provincial, siguen ejecutando obras públicas. Estos municipios, con cuentas ordenadas y gestiones eficientes, demuestran lo que significa saber gobernar. Sin necesidad de promesas vacías ni discursos grandilocuentes, administran con inteligencia, priorizando el bienestar de sus comunidades por encima de excusas y relatos.

El pueblo de Paraná merece claridad, no relatos fantásticos. Rosario Romero debería dejar de jugar con falsas esperanzas y enfrentar los hechos: no hay fondos, no hay voluntad política para la obra pública, y su insistencia en un futuro prometedor no hace más que prolongar una ilusión destinada a desmoronarse.

La verdad es simple y dura: Paraná no verá grandes proyectos financiados desde Nación. Pero peor aún, su propia recaudación, que debería bastar para concretar avances significativos, está lejos de traducirse en resultados palpables. Quizás la solución no radique en promesas imposibles, sino en aprender de los municipios que, sin tantos recursos, demuestran que la gestión eficiente no depende de un salvavidas nacional, sino de saber gobernar con responsabilidad y visión.

Los Reyes Magos que te prometieron el oro y el moro, pero terminaron dejando a Concordia en pelotas.

Nosotros como concordienses tenemos nuestros propios Reyes Magos, ellos son : Gustavo Malhechor, Turko Garpar y Palito Tevahasaltar.

Tres joyitas que parecía que andaban en camello, pero habían sido mas rápidos que un misil hipersónico ruso para hacer negocios.

Los Reyes Magos concordienses desempeñaron varios cargos en el Estado, Gustavo Malhechor fue concejal, dos veces intendente, ministro, dos veces gobernador, ahora diputado nacional y quiere ahora ser senador para tener fueros y no ir preso. Tiene muchas propiedades en sociedad con Palito Tevahasaltar. Acumuló una torta de millones a través de las distintas cajas de los entes descentralizados del gobierno provincial.

Turko Garpar, fue concejal, secretario de comunicación, secretario general con rango de ministro y senador nacional, hasta que lo agarraron con la alforja cargada con miles de dólares. Por estas horas, Garpar está en un hotel 5 estrellas disfrutando de pileta, con dama de compañía e hidromasajes todos los días. Garpar no es ningún tipo caído del catre. Ahora quiere deprenderse de algunas propiedades y se asegura que llamó a licitación para contratar a testaferros a bajo precio.

Palito Tevahasaltar, no le fue nada mal. También tiene millones de dólares en sus alforjas. Ojo que no es para comprar juguetes a los niños, sino para invertir en propiedades. Dicen que tiene mas propiedades que el aloe vera. Tevahasaltar fue unos de los que desde las sombras manejó el entramado de los contratos del senado en donde se apropiaron de la módica suma de unos 50 millones de dólares, es decir unos 60.000 millones de pesos durante muchos años.

Estos Reyes Magos concordienses son la antítesis de aquellos Reyes Magos que esperábamos con ansiedad durante toda la noche hasta quedarnos dormidos, a la espera de un juguete. Estos Reyes Magos nos durmieron con los ojos abiertos. Utilizaron a un partido político y a un movimiento que en teoría defienden a los que menos tienen, como trampolín a sus inconfesables negocios inmobiliarios, acumulando dinero malhabido, con un ritmo de vida que hasta despierta envidia a las clases altas acomodadas. 

Los Reyes Magos en apuro

Se dio a conocer la red de corrupción que involucra a Malhechor y Garpar

Se habla de alrededor de más de cien las propiedades -principalmente terrenos- que fueron adquiridas por el Cajero de Malhechor, el Rey Mago Palito Tevahasaltar, usando un poder de un hombre de la calle, y posteriormente transferidas a manos del Rey Mago Malhechor. Ambos implicados en la causa de los "Contratos Truchos".

La investigación judicial que merodea los "Contratos Truchos", en la provincia de Entre Ríos habría dejado expuesta una red de corrupción de proporciones bíblicas, basada básicamente en operaciones inmobiliarias y financieras que involucran a figuras clave del ámbito político y empresarial local.

En el centro de esta trama se encuentran Tevahasaltar, conocido en el ambiente como el "Cajero de Malhechor", siendo identificado como uno de los principales arquitectos de esta trama de ilícitos.

Palito Tevahasaltar no estaría pasando por sus mejoresa momentos, ya que la causa por los "Contratos Truchos", que cuenta con 32 imputados, podría llegar a juicio el próximo año. Sobre él, habría un pedido de ocho años de cárcel, lo que lo convierte en uno de los máximos responsables en la trama de las compras. Resulta llamativo que la cadena de mando de la asociación ilícita se detenga en él, sin escalar a niveles superiores.

Flavia Beckman y Hugo Mena, una pareja central en la investigación de los "Contratos Truchos", han acaparado la atención judicial debido a sus conexiones directas con el actual diputado nacional, el Rey Mago Malhechor.

En un incidente policial en 2018, Beckman fue interceptada por las autoridades mientras retiraba dinero de varios cajeros automáticos en Paraná, y su esposo Mena fue arrestado cerca del lugar, mientras esperaba el botín en una casa a pocas cuadras.

Hace años, Palito Tevahasaltar comenzó a adquirir una gran cantidad de propiedas utilizando un poder legal otorgado por Hugo Mena. Estas compras incluyen propiedades en Paraná, Victoria y, sobre todo, en Concordia.

Resulta sorprendente que un hombre que prácticamente vivía en condiciones de calle, de hecho sigue en esa situación, haya adquirido de golpe numerosos inmuebles en varias ciudades, todo gestionado a través de Palito Tevahasaltar, facilitó la adquisición de más de 130 propiedades por parte de Mena, quien, con el tiempo, las cedía a nombres muy cercanos al ex gobernador, incluso al propio Gustavo Malhechor.

Estas transacciones inmobiliarias se dieron mientras Malhechor era intendente de Concordia. Se compraban terrenos a precios muy bajos, se loteaban, se urbanizaban con los servicios básicos proporcionados por la administración municipal, y posteriormente se transferían a nuevos propietarios. Este período fue conocido como la explosión inmobiliaria en Concordia.

Como resultado de las mejoras realizadas en diversas zonas de Concordia, que incluyeron la provisión de servicios como luz, agua, luminarias y saneamiento, los valores de los terrenos experimentaron un considerable aumento.

En la actualidad, esos lugares se han transformado en barrios altamente valorados en términos económicos, destacándose el caso del conocido barrio Nebel, ubicado en la ruta hacia una de las playas más populares de la ciudad "del citrus".

El tema en cuestión es "cómo tenía un indigente como Hugo Mena los medios económicos para las compras gestionadas por Palito Tevahasaltar".

La respuesta es: "Hugo Mena sería integrante de la banda de los 'tarjeteros' que operó con más fuerza durante la primera gestión de Gustavo Malhechor, hasta 2018 donde se todo el arco político concordiense conocía que las contrataciones pasaban por la aprobación de Malhechory su amigo y ladero Turko Garpar. Esta banda se dedicaba a extraer meticulosamente grandes sumas de dinero de cajeros automáticos utilizando tarjetas asociadas a los 'Contratos Truchos'".

Durante toda una década (realmente ganada), al menos para nos pocos, estuvo operando esta banda liderada, en cuanto a la ejecución, por Mena y Beckman. Sin embargo, considerando su estado económico actual y las casas en las que viven, se deduce que no se quedaron con los millones que obtuvieron.

El vínculo comercial entre Hugo Mena y Gustavo Malhechor pone en alerta a los fiscales que investigan al ex gobernador por "Enriquecimiento Ilícito", ya que podría revelar cómo habría obtenido tantas propiedades. En julio de 2011, los “las rutas comerciales” de Gustavo Malhechor y Hugo Mena se habrían cruzado debido a una operación que involucraría un terreno de 500 metros cuadrados a cambio de 25 mil pesos. Es curioso cómo el indigente Mena, siendo de Paraná, pudo comprar terrenos del otro lado de la provincia, para luego transferirlos a Bordet, quien en aquel tiempo era Intendente.

Ese terreno que adquirió Malhechor de Mena, terminó enclavado en una zona que hoy está muy valorizada gracias a las mejoras impulsadas por el mismo Malhechor cuando era intendente, "negocio redondo".

El terreno está en un loteo en la zona de Avenida Chajarí y San Lorenzo, un lugar de paso obligado en Concordia para quienes se dirigen a la Playa Nebel. Las mejoras incluyen pavimentación, iluminación pública, y obras de saneamiento.

Además, la esposa de Malhechor, la hoy diputada provincial Mariel Ávil, gestionó la parquización en la zona y la construcción de una pista de skate, "todo en familia". El barrio se revalorizó y se convirtió en una zona residencial muy habitada, con lotes que llegan a cotizar cerca del medio millón de dólares.

Malhechor "compró" el terreno en 2011, y luego lo vendió en 2016. Durante el tiempo que lo tuvo, gestionó las mejoras necesarias "obviamente no con dinero de su bolsillo" para elevar su valor, lo que terminó en un enorme negocio.

Parece que Hugo Mena también habría hecho un buen negocio, aunque poco claro, si embargo nunca se vio reflejado en su patrimonio personal ni en el su mujer, algo que la justicia deberá indagar.

En 2011 muchos terrenos del lugar figuraban a su nombre y el de su esposa, Flavia Beckman, pero, para 2016, esos mismos terrenos estaban a nombre del Secretario General de la UOCRA Entre Ríos, Walter Doronzoro, y también de Palito Tevahasaltar, amigo, colaborador, y mandadero, de Gustavo Malhechor.

Cabe destacar que la operación de la compra de los loteos de Concordia por parte del matrimonio Mena-Beckman, se concretó en 2009.

Como "frutilla del postre", tras vender los terrenos que le transfirió Hugo Mena, revalorizados gracias a su gestión y la de su esposa Mariel Ávil, Malhechor comenzó inmediatamente su proyecto de la "Quinta Termal", en el exclusivisimo barrio cerrado Village Termal, en Villa Zorraquin, lugar donde "las casas tienen aguas termales, un lujo muy poco común en una de las ciudades más pobre de la Argentina.

Se trata de una mega mansión que Malhechor, ante la prensa, mencionó como "una casa de fin de semana que le fui poniendo mejoras desde el año 2016 hasta el año 2021", y agregó en la oportunidad, que todavía quedan algunas cuestiones pendientes que tengo que pagar este año 2024", buscando disimular la fastuosidad del lugar.

Primero compró 1.225 metros cuadrados, en 2016, y luego 1.184 metros cuadrados, en 2020, con un valor del metro cuadrado de 80 dólares, lo que totaliza casi 200 mil dólares "solo el terreno". Sumando la mansión con pileta, el valor comercial podría estar rozando el millón de dólares.

La causa de los "Contratos Truchos" ha entrado en la etapa final para ser elevada a juicio, y Palito Tevahasaltar está en el tope de los acusados. No se implicó a nadie más por encima de Palito, quien, de 2007 a 2011, fue de titular de la Dirección General de Administración de la Cámara de Senadores de Entre Ríos, y al mismo tiempo, administraba el estudio Contable y los negocios de Gustavo Malhechor, su amigo de la juventud.

Malhechor, necesita de los frentes de investigación de la justicia Entrerriana, que esta vez pareciera que avanzarían a pesar de las fuertes presiones políticas, luego que los fiscales pidieron 7 años de prision para Palito Tevahasaltar quien habría intentado comunicarse con su amigo Malhechor, pero esta vez no pudo concretarlo, sin embargo este último habaría enviado a un amigo en común el ministro de Economía durante sus gestiones, (Hugo Balla y otra caja) quien se encontró con un panorama que generó la preocupación de muchos, ya que vio a Palito Tecahasaltar rodeado de papeles escritos a mano, con detalles de todos los movimientos económicos hechos por encargo, y que complicaría a varios, entre ellos a él y al mismísimo Malhechor, y que en esa tarea le consume todas las horas del día.

Y como suele suceder en estos casos le señaló a Balla y otra caja que si el cae no lo hará solo, lo que generó la rápida designación de Tevahasaltar en la Comisión de Además, Palito habría manifestado no estar dispuesto a caer solo, lo que habría hecho correr despavorido al ministro a contárselo a su jefe, y esto provocó, a la postre, la designación de Tevahasaltar en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.

La operatoria immobiliaria generada a principios de 2010 en Concordia, fue una obscena práctica donde se usaban testaferros ajenos a Concordia, y se aprovechaba la disposición que señalaba que “los loteos con fines de urbanización hasta 50 lotes están exentos de ganancias siempre y cuando, no haya habitualidad ni permanencia de la fuente generadora”.

Los testaferros de los que se valió Tevahasaltar, son el matrimonio oriundo de Paraná, Mena-Beckman, de los cuales no se sabía nada en Concordia, y quienes no levantarían sospechas entre la ciudadanía, ya que nadie los conocía, al ser oriundos del otro lado de la provincia.

No solo se estafó al pueblo entrerriano, porque con fondos que eran para la Cámaras de Senadores se compraron estos terrenos, sino que los habitantes de la ciudad de Concordia, una de las ciudades históricamente más pobres de la Argentina, se pagaron con fondos públicos mejoras estructurales para que esos lotes suban su valor, y se conviertan en un gran negocio para unos pocos.

Como se dice en la calle en Entre Ríos, "donde tocás sale pus".

DE CONCORDIA.

La Justicia en Entre Ríos enfrenta una profunda crisis de credibilidad, y casos como el del juez Márquez Chada no hacen más que profundizar esta grieta. Es inadmisible que un magistrado, quien debería ser garante de los derechos ciudadanos y de la libertad de expresión, considere demandar a quienes lo critican o denuncian.

Márquez Chada no llegó al cargo por mérito ni por ser el mejor calificado en el concurso correspondiente. Fue designado por "ser buena persona", una de las justificaciones más lamentables que ha utilizado el poder político-judicial para instalar a sus operadores en puestos clave. No es casualidad que esta práctica erosione la confianza en el sistema judicial. Los jueces deben ser nombrados por sus capacidades y trayectoria, no por vínculos personales o favores políticos.

Cuando un juez, que debería ser el primero en someterse al escrutinio público, amenaza con demandar a un denunciante, deja en evidencia una intolerancia a la crítica que resulta incompatible con los valores democráticos y republicanos. Los funcionarios públicos, y especialmente los jueces, tienen el deber de aceptar mayores niveles de crítica y cuestionamiento. Esto no es un privilegio, es una responsabilidad inherente al cargo.

En vez de intimidar a quienes buscan transparencia, Márquez Chada debería dar explicaciones sobre su desempeño y sobre cómo llegó a ocupar el cargo que ostenta. Ser "buena persona" no es un mérito suficiente para decidir sobre la vida, libertad y patrimonio de los ciudadanos.

Exigimos jueces independientes, competentes y tolerantes a la crítica. El miedo a rendir cuentas, como lo demuestra Márquez Chada, no tiene cabida en un sistema judicial que aspira a ser justo, transparente y confiable. La ciudadanía no necesita jueces que busquen silenciar voces críticas, sino magistrados que demuestren con hechos y fallos imparciales su compromiso con la justicia.

La actitud del juez Márquez Chada es vergonzosa y constituye un claro ejemplo de cómo algunos magistrados, lejos de cumplir con su deber, prefieren atacar a quienes cuestionan el statu quo. Pero la Justicia no puede construirse sobre el silencio de los ciudadanos. Márquez Chada debería reflexionar: no es la crítica lo que deslegitima a un juez, sino su incapacidad para responder con integridad y compromiso a sus obligaciones.

Los tiempos de impunidad y privilegios judiciales deben llegar a su fin. La sociedad exige rendición de cuentas, y los jueces no pueden seguir evadiendo esa responsabilidad. Márquez Chada debería recordar que está en su cargo para servir a la Justicia, no para protegerse de ella.

Entre Ríos, enero de 2025

En el marco de las denuncias que apuntan a supuestos actos de corrupción en el Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER), el Tribunal de Cuentas ha elegido desentenderse de cualquier responsabilidad vinculada a estos hechos. Pese a que durante años fue notificado formalmente por las denuncias de Rossi y Reggiardo, el organismo no habría encendido ninguna alarma mediante su auditoría permanente, permitiendo que se sucedieran presuntos actos graves de corrupción e incumplimientos serios en la administración de la obra social.

Según trascendió en medios provinciales, las advertencias y presentaciones realizadas por quienes cuestionan la gestión de IOSPER no fueron atendidas con el debido rigor. Desde la perspectiva de los denunciantes, el Tribunal de Cuentas “miró para otro lado” y no activó los mecanismos de control que le competen, a pesar de tener competencia para fiscalizar y auditar el uso de los recursos públicos en Entre Ríos.

Este supuesto desinterés ha generado un intenso debate político y social en la provincia. Quienes exigen explicaciones señalan que una actuación más firme del Tribunal podría haber frenado tempranamente contratos irregulares, sobreprecios o manejos administrativos dudosos, evitando que la situación alcanzara la magnitud que hoy se discute.

Por su parte, el Tribunal de Cuentas ha guardado silencio público sobre las denuncias concretas. Allegados al organismo señalan que la investigación de eventuales delitos corresponde a la Justicia, mientras que la misión de la entidad radica en la revisión de cuentas y la auditoría técnico-administrativa. Sin embargo, la falta de un pronunciamiento oficial y de acciones preventivas mantiene la polémica abierta.

Los afiliados y trabajadores de IOSPER, así como diversos actores políticos, exigen que se establezcan responsabilidades claras. Resta ver si, con los procesos judiciales en curso, se aplicarán sanciones o se implementarán cambios profundos para garantizar la transparencia y el buen uso de los recursos en la obra social más importante de Entre Ríos.

Rogelio Frigerio cumplió su primer año al frente de Entre Ríos y presentó un balance de gestión que parece más un ejercicio publicitario que un informe serio. Habla de "transparencia", "modernización del Estado" y "orden fiscal", pero lo cierto es que las mafias siguen intactas, los problemas estructurales persisten y las medidas anunciadas no pasan de ser parches. A continuación, desmontamos uno por uno los supuestos logros del gobierno.

¿Eliminación de pensiones vitalicias? Un gesto vacío

El gobierno se jacta de haber eliminado las pensiones vitalicias para exgobernadores. Pero lo cierto es que la medida afecta a menos de diez personas, mientras los privilegios más onerosos, como los altos sueldos de jueces, empleados de ENERSA y funcionarios de entes como el EPRE, permanecen intactos. Cabe recordar que el EPRE estuvo involucrado en escándalos de corrupción, con allanamientos recientes que revelaron manejos irregulares de fondos públicos.

La realidad: Este anuncio es un gesto simbólico que no resuelve los problemas de fondo. Mientras tanto, el gasto político y los privilegios siguen siendo intocables.

La Caja de Jubilaciones: buenas intenciones, pero atrapada en un sistema corrupto

El titular de la Caja de Jubilaciones ha intentado mejorar la gestión, enfrentándose públicamente a anuncios difíciles y logrando acuerdos con distintos sectores. Sin embargo, Frigerio no le dio las herramientas necesarias para transformar un sistema controlado por esquemas corruptos y mafiosos.

En la reciente reforma, los jueces —los principales beneficiarios del sistema— fueron excluidos de los recortes, mientras los jubilados y activos vieron cómo sus ingresos se reducían. Además, la fórmula del 82% móvil fue modificada, debilitando aún más el poder adquisitivo de los jubilados.

La realidad: La Caja sigue siendo rehén de un esquema diseñado para beneficiar a las élites, mientras los sectores más vulnerables pagan los platos rotos.

Educación: maquillaje para una emergencia

El gobierno afirma que "reparó" 150 escuelas, pero lo que no dice es que esas "reparaciones" consistieron, en su mayoría, en pintar techos y arreglar filtraciones. Entre Ríos tiene cientos de escuelas en estado crítico que necesitan obras profundas, no parches cosméticos.

La realidad: Mientras Santa Fe y Córdoba construyen escuelas nuevas y renuevan las existentes, en Entre Ríos se celebra cada arreglo menor como si fuera un logro histórico.

Los caminos: fondos que no llegan a los productores

Frigerio asegura que el 50% del impuesto inmobiliario rural se destinó a la reparación de caminos. Sin embargo, los productores rurales siguen denunciando que los caminos están intransitables, afectando la salida de sus cosechas y encareciendo los costos logísticos.

La realidad: Los fondos no se usan de manera eficiente, y los caminos rurales continúan siendo una deuda pendiente.

Puertos: corrupción y promesas incumplidas

El gobierno habla de una supuesta reactivación de los puertos entrerrianos, pero la realidad es que operan muy por debajo de su capacidad. Carecen de la infraestructura necesaria para competir con los puertos de Santa Fe, que lidera el desarrollo portuario en la región. Además, la sombra de Julio Rodríguez Signes, con múltiples denuncias de corrupción, sigue pesando sobre este sector.

Rodríguez Signes, histórico operador del poder, dejó un sistema plagado de irregularidades que aún no ha sido saneado. Frigerio, en lugar de enfrentarlo, optó por ignorarlo.

La realidad: Los puertos son otro ejemplo de promesas vacías en un sistema que sigue siendo rehén de viejas mafias.

Diagnósticos por imágenes: el monumento a la corrupción

El gobierno presume de la digitalización de diagnósticos por imágenes, pero esto solo se implementó de manera limitada y no mejoró los tiempos de atención en los hospitales. Además, no se puede hablar de salud sin mencionar el escándalo del CEMENER (Centro de Medicina Nuclear), una obra vinculada a Rodríguez Signes y financiada con recursos desviados del IOSPER.

La realidad: Más que avances en salud, lo que encontramos son parches en un sistema colapsado y casos emblemáticos de corrupción.

Transparencia: promesas mínimas, pero las mafias intactas

El gobierno presume de haber publicado declaraciones juradas y sueldos de funcionarios, pero esto es apenas un estándar mínimo en cualquier gestión. Lo que no dicen es que las verdaderas mafias, las que manejan los entes descentralizados, las cajas y los contratos millonarios, permanecen intactas.

En entes como IOSPER y EPRE, los esquemas corruptos siguen operando, con contratos sospechosos y manejos irregulares que nunca son investigados a fondo. Frigerio no ha movido un dedo para desarticular estas estructuras.

La realidad: Transparencia no es publicar números en una web; es combatir las redes de corrupción que se siguen llevando millones de los entrerrianos.

Conclusión: Entre Ríos sigue secuestrada por las mafias

El balance de Frigerio es un espejismo. Sus "logros" son gestos vacíos, promesas incumplidas o directamente mentiras. Entre Ríos sigue atrapada en las mismas estructuras mafiosas que la han hundido durante décadas. El cambio prometido nunca llegó. Ademas la gente percibe mas que nunca que los funcionarios siguen siendo los grandes PRIVILEGIADOS del sistema y NO RINDEN CUENTAS.

Mientras Santa Fe y Córdoba avanzan con gestiones modernas y eficaces, Entre Ríos sigue siendo tierra de parches, corrupción y oportunidades desperdiciadas. Frigerio tuvo un año para demostrar que era diferente, pero eligió ser más de lo mismo. Y los entrerrianos.

La Caldera

Ganadores:

1. Domingo Daniel Rossi
   El eterno protagonista de la política entrerriana volvió a brillar en 2024. Con más de 40 años de trayectoria, Rossi demostró por qué sigue siendo una figura irreemplazable en la provincia. Su claridad conceptual, conocimiento político y contundencia lo posicionaron como un referente ineludible, incomodando a un peronismo que se desmorona en manos de figuras como Rosario Romero, Gustavo Bordet, Edgardo Kueider, Sergio Urribarri y Guillermo Michel, quienes no logran escapar de su decadencia ni alcanzar la estatura política de Rossi.

2. Gastón Bagnat
   Como presidente de la Caja de Jubilaciones, Bagnat encaró el reto de equilibrar una institución saqueada por años de corrupción y clientelismo. A pesar de los vestigios del bordetismo, logró avances significativos, dejando en claro que la reforma es posible con gestión eficiente y sin amiguismos. Su éxito en un ámbito tan crítico lo posiciona como una pieza central en el equipo de Frigerio, que aún enfrenta obstáculos para aplicar las reformas prometidas.

3. José Allende
   Contra todos los pronósticos, el dirigente sindical y político resurgió con fuerza. Allende logró colocar a dos de sus alfiles en la conducción del PJ provincial, desmarcándose del desprestigio que envolvió al IOSPER. Además, se dio el lujo de reposicionar a Héctor Maya para las negociaciones de listas en 2025 y cosechó un inesperado cambio de trato en los medios, con Daniel Enz ahora evitando mencionar sus causas judiciales. Allende demuestra que sabe moverse con estrategia incluso en los momentos más adversos.

4. Manuel Troncoso
   El ministro más poderoso del gabinete de Frigerio. Maneja simultáneamente las carteras de Economía y Gobierno, además de la poderosa caja de ENERSA. Troncoso demostró ser un hombre clave en la gestión provincial, acumulando un poder que lo convierte en el equivalente a lo que fueron Rosario Romero y Sergio Urribarri en sus momentos de mayor influencia. Con habilidad para negociar con todos los sectores y mantener el control político, cerró un año donde dejó en claro que es mucho más que un administrador: es un estratega político que define el rumbo del gobierno.

5. Hugo Berthet
   Desde la costa del Uruguay, Berthet lideró la recuperación del PJ en su región, convirtiéndose en un referente clave para la reconstrucción peronista. Crítico del sistema y arquitecto de la Lista 100, Berthet representa una resistencia similar a la de Rossi, con una visión renovadora que podría ser central para el futuro del partido.

Perdedores:

1. IOSPER
   La obra social de los empleados públicos, manejada por Silvio Moreyra y Cañete, se transformó en el emblema del saqueo. Empresas fantasmas, propiedades multimillonarias y un déficit de 43.000 millones de pesos exponen el nivel de corrupción. Frigerio enfrenta una presión creciente para que la justicia avance contra quienes vaciaron la institución y traicionaron la confianza de más de 300.000 entrerrianos.

2. Rosario Romero
   La exministra de Gobierno cerró el año en caída libre. Incapaz de sacudirse el fantasma de Adán Bahl, su círculo de apoyo se limita a quienes dependen de sus favores o temen sus vendettas judiciales. Su insistencia en posicionar a “Santiaguito” como figura política refleja un proyecto personalista que no despierta interés ni respaldo, dejando a Romero como una sombra de lo que alguna vez fue.

3. Guillermo Michel
   Michel apostó todo a la candidatura de Gustavo Bordet al Senado, esperando así asegurar su permanencia como diputado y blindarse judicialmente. Sin embargo, con un bordetismo en ruinas y escándalos de corrupción que salpican a Kueider, Michel termina el año más cerca del ostracismo político que del poder.

4. El Bordetismo
   La corriente liderada por el exgobernador se derrumbó rápidamente, dejando a sus dirigentes atrapados en un pantano político. Sin perspectivas electorales ni capacidad de influencia, el bordetismo quedó reducido a un grupo de oportunistas que intentan sobrevivir en estructuras públicas mientras evitan enfrentarse a las posibles consecuencias judiciales que Romero y Michel podrían desatar.

5. El Pueblo Entrerriano
   Como siempre, el gran perdedor es el pueblo. A pesar de las promesas de cambio y de un gobierno provincial que se autopercibe como reformador, los ciudadanos cerraron el año con más maquillaje que soluciones reales. Reformas estructurales ausentes, justicia paralizada y anuncios inconsistentes son el saldo de un 2024 donde las viejas prácticas prevalecieron sobre los cambios esperados. Si hay un gran perdedor institucional este año, es la justicia entrerriana. Con un sistema paralizado y un presidente del STJER, Portela, que se mira el ombligo y se autopercibe eficiente, el Poder Judicial cerró el 2024 en medio de críticas por su inacción y su connivencia con el poder político. Lejos de cumplir con su rol de garante de justicia, el STJER parece más ocupado en sus internas y los pliegos de jueces que mejorar un sistema que 9 de cada 10 entrerrianos DETESTAN.

Este 2024 expuso la fragilidad del sistema político y judicial en Entre Ríos, con ganadores que supieron jugar sus cartas y perdedores que quedaron atrapados en su propia inercia y corrupción. El 2025 será decisivo para determinar si hay verdaderas transformaciones o si la provincia seguirá atrapada en el espejismo de los cambios prometidos.

En un movimiento que podría sacudir los cimientos institucionales de Entre Ríos, se ha interpuesto un recurso extraordinario de inconstitucionalidad contra la resolución del Jurado de Enjuiciamiento que exoneró al presidente del Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia, Diego Lucio Nicolás Lara, sin permitir siquiera la apertura de una investigación sobre las graves denuncias en su contra. La apelación, patrocinada por el Dr. Carlos Guillermo Reggiardo en representación de Carina Mariel Ivascov, acusa al Jurado de vulnerar derechos fundamentales y de actuar de manera arbitraria y parcial.

El recurso apunta directamente a la falta de fundamentación de la resolución emitida el pasado 19 de diciembre, que rechazó la denuncia in limine bajo el argumento de que las pruebas aportadas eran insuficientes. Según el escrito, esta decisión no solo pasa por alto la gravedad de los hechos denunciados, sino que también desconoce principios básicos de imparcialidad, transparencia y acceso a la justicia consagrados en la Constitución Provincial y Nacional.

Graves irregularidades desestimadas sin investigar

La denuncia presentada contra Lara incluye hechos contundentes, como:

• Fotografías de cheques cobrados por empleados vinculados a contrataciones fraudulentas.
• Contrataciones irregulares y gastos suntuosos en remodelaciones de su oficina, mientras ignoraba irregularidades masivas en el manejo de fondos públicos, como los del IOSPER.
• Designaciones cuestionables de personas vinculadas a su entorno político sin cumplir los requisitos legales.

El recurso sostiene que estos elementos, respaldados por pruebas documentales y notas periodísticas de diferentes fuentes, debieron haber sido suficientes para iniciar una investigación sumaria. En cambio, el Jurado desestimó la denuncia sin análisis profundo, calificando las pruebas como "meras notas periodísticas".

Cuestionamientos a la imparcialidad del Jurado

El texto también pone en tela de juicio la imparcialidad del Jurado, señalando que uno de sus miembros debía haberse excusado por estar denunciado en hechos relacionados con los investigados. Este conflicto de intereses refuerza la percepción de parcialidad y deslegitima aún más la resolución emitida.

Además, el recurso destaca un preocupante cambio de postura del Jurado en comparación con precedentes recientes, como el caso "Méndez c/ Carballo", donde se permitió la apelación sin exigir trámites adicionales ni imponer formalismos excesivos. En el caso de Lara, sin embargo, se aplicaron criterios más estrictos, lo que evidencia un trato desigual e injustificado.

Un caso de gravedad institucional

El recurso subraya que la negativa a investigar estos hechos no solo afecta el principio de igualdad ante la ley, sino que también compromete gravemente la confianza pública en las instituciones. "La corrupción, por su propia naturaleza, rara vez deja evidencia directa y concluyente, por lo que las investigaciones deben comenzar sobre la base de indicios sólidos, como los aportados en esta denuncia", señala el escrito.

Citando jurisprudencia nacional e internacional, como los casos "Velásquez Rodríguez vs. Honduras" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y "Costa, Héctor R. y otros s/ defraudación" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el recurso insiste en que las denuncias de corrupción deben ser investigadas con diligencia y seriedad, especialmente cuando afectan pilares fundamentales del sistema republicano, como la transparencia y la rendición de cuentas.

Pedido al Superior Tribunal de Justicia

El recurso extraordinario solicita al Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos que revoque la resolución del Jurado de Enjuiciamiento y ordene la apertura de una investigación exhaustiva sobre los hechos denunciados. Asimismo, se deja planteada la reserva del caso federal para recurrir, de ser necesario, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a organismos internacionales como la CIDH.

"Este caso no solo pone a prueba el compromiso de nuestras instituciones con la transparencia, sino que también envía un mensaje sobre si en Entre Ríos se tolera la impunidad o se priorizan los valores republicanos", afirmó el Dr. Reggiardo.

La resolución de este recurso será determinante para restablecer la confianza en el sistema de control público y garantizar que ningún funcionario esté por encima de la ley.

FOTOMONTAJE DE LOS COMENZALES DE 10 AÑOS DE C ONTRATOS

El escándalo de los contratos truchos en la Legislatura de Entre Ríos no deja de generar indignación en la sociedad. Durante una década, entre 2008 y 2018, se perpetró un desfalco que ascendió a la escandalosa cifra de 50 millones de dólares, perjudicando de manera directa a las arcas del Estado provincial y, por ende, a todos los entrerrianos.

Sin embargo, la respuesta del Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes (Papà del CEMENER, TEMPLO DEL ROBO DEL IOSPER), ha dejado perplejos a muchos. En lugar de actuar con toda la fuerza que amerita un caso de esta magnitud, Signes ha anunciado que el reclamo del Estado para resarcir el daño solo se limitará a 1,8 millones de dólares. Esta cifra es irrisoria si se compara con el perjuicio real ocasionado por una red de corrupción que involucró a funcionarios, empleados y prestanombres.

Las maniobras dilatorias

La causa, que ya lleva más de cinco años de investigación, se ha convertido en un ejemplo paradigmático de cómo la burocracia judicial y las maniobras de algunos sectores ligados al poder pueden frenar la justicia. A pesar de que la investigación penal preparatoria concluyó hace casi tres años, el caso sigue frenado debido a trámites judiciales y conflictos de competencia entre la Justicia provincial y el fuero federal.

La sociedad exige respuestas

Los ciudadanos entrerrianos están hartos de la impunidad que parece reinar en casos de corrupción como este. La pregunta que surge es: ¿por qué Rodríguez Signes no reclama la totalidad de los fondos robados? La falta de acción contundente genera sospechas sobre las verdaderas intenciones detrás de este reclamo limitado. ¿Se está buscando proteger a alguien? ¿O acaso se teme abrir puertas que podrían involucrar a sectores más altos del poder político?

Los memes apuntran al PODEROSO R. SIGNES

Una demanda insuficiente

El desfalco millonario no solo afectó las arcas públicas, sino que también desnudó la fragilidad del sistema de control estatal. El hecho de que Signes se conforme con reclamar una cifra tan baja pone en tela de juicio su rol como Fiscal de Estado. Su función principal es proteger los intereses de la provincia, pero en este caso parece estar lejos de cumplir con esa tarea.

El impacto político

La causa de los contratos truchos no solo tiene un impacto económico, sino también político. Con elecciones en puerta, la demora en el avance de esta causa y la actitud pasiva de Rodríguez Signes podrían ser utilizadas como un arma de doble filo por distintos sectores políticos. Mientras tanto, los responsables directos e indirectos de este fraude histórico siguen sin rendir cuentas ante la justicia.

La necesidad de una justicia independiente

Es urgente que la Justicia actúe con celeridad y firmeza en este caso. La sociedad entrerriana merece respuestas claras y sanciones ejemplares para quienes defraudaron al Estado. Reclamar solo una fracción del dinero robado no solo es insuficiente, sino también una burla a todos los ciudadanos que diariamente cumplen con sus obligaciones fiscales.

Los entrerrianos merecen una Justicia que garantice la transparencia y que actúe sin condicionamientos. La recuperación de los 50 millones de dólares robados debe ser un objetivo irrenunciable, no solo por la magnitud del desfalco, sino también por el mensaje que se le envía a la sociedad sobre la lucha contra la corrupción.

Rosario Romero ha vuelto a desempeñar un rol central en la debacle del peronismo entrerriano, esta vez asegurándose de que la ley electoral promovida por Rogelio Frigerio sentenciara no solo la derrota del 2023, sino también la del 2027. Su insistencia en sostener un sistema diseñado para beneficiar al aparato del momento, incluso a costa de desmantelar la territorialidad y la representación popular, la convierte en la principal responsable de la incapacidad del peronismo para reestructurarse y competir en igualdad de condiciones.

La entrega del peronismo: del Bordetismo al Frigerismo

La ley Castrillón, durante más de dos décadas, fue la herramienta clave para que el peronismo mantuviera el poder en Entre Ríos. Sin embargo, en manos de Gustavo Bordet y Rosario Romero, se transformó en el mecanismo que consolidó la derrota peronista. Bordet, incapaz de sostener un proyecto político competitivo, permitió que esta ley, diseñada para proteger a los oficialismos, fuera utilizada por Frigerio para perpetuar su triunfo.

Romero, con su habilidad para operar en las sombras, intentó hasta último momento mantener esta estructura que favorece a los grandes aparatos políticos. Pero su maniobra no fue para reconstruir el peronismo, sino para garantizar su propio legado político, un proyecto personalista que apunta a catapultar a su hijo como el "Máximo Kirchner entrerriano".

Un modelo agotado y sin territorialidad

El peronismo que alguna vez se construyó desde los territorios, con liderazgos genuinos como el de Daniel Rossi, ha sido reemplazado por una dirigencia funcional a las cúpulas y a los intereses de sectores alejados de las necesidades reales de la gente. Rossi, quien logró interpretar el fin de ciclo del urribarrismo y el bordetismo, representa un caso único de resistencia territorial. Mientras figuras como Silvio Moreira, con el apoyo del IOSPER y campañas plagadas de contratos y propaganda, buscaban perpetuar el clientelismo, Rossi sobrevivió a fuerza de votos y conexión con su comunidad.

El sueño de poder familiar: una apuesta inútil

El verdadero interés de Rosario Romero detrás de su maniobra es asegurar el ascenso político de su hijo, a quien algunos pretenden posicionar como el heredero de Máximo Kirchner en Entre Ríos. Sin embargo, este intento no solo es una apuesta inútil, sino que demuestra una desconexión absoluta con la realidad política y social de la provincia. La provincia no necesita más proyectos familiares ni liderazgos artificiales, sino una vuelta a la representación territorial genuina.

La próxima derrota en 2027

Con la ley electoral de Frigerio ahora institucionalizada, el peronismo enfrenta un escenario desolador para el 2027. Romero y Bordet han desmantelado cualquier posibilidad de que, desde las bases, surjan liderazgos capaces de reconstruir el movimiento. En su lugar, han apostado por una estructura vacía, carente de territorialidad y dependiente de los acuerdos entre cúpulas que han demostrado ser ineficaces.

Rosario Romero será recordada no solo como la operadora de Bordet, sino como la arquitecta de una derrota histórica, entregando el peronismo no solo a Frigerio, sino a su propio desgaste interno. Mientras tanto, la provincia espera un liderazgo que vuelva a conectar con los verdaderos problemas de la gente, lejos de los sueños personalistas y las derrotas programadas.